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TIERRA · INVESTIGACION

580 mil concesiones chuecas y 12 mil millones sin cobrar: así arranca la regularización del agua

La Conagua detectó irregularidades en más de 580 mil títulos de concesión: riego desviado a industrias, inmobiliarias y campos de golf, y adeudos empresariales por casi 12 mil mdp. El 15 de julio arrancó en el DOF la primera etapa de regularización: 365 días, 13 requisitos y solo para ejidos, riego y personas físicas. El agroindustrial quedó fuera. Falta lo de siempre: nombres y cancelaciones.

Redacción Pluma de Quetzal Redacción Pluma de Quetzal Periodista
8 min de lectura
Grifo con una sola gota de agua: 580 mil concesiones con irregularidades detectadas por la Conagua. Foto: Barış Yiğit via Pexels.
Grifo con una sola gota de agua: 580 mil concesiones con irregularidades detectadas por la Conagua. Foto: Barış Yiğit via Pexels.
Mientras 580 mil títulos de concesión acumulan irregularidades, el agua de uso agrícola termina en campos de golf e inmobiliarias. Foto: Barış Yiğit via Pexels.

La Conagua revisó los títulos de concesión de agua del país y encontró irregularidades en más de 580 mil: permisos de riego usados para industrias, desarrollos inmobiliarios y campos de golf o de polo, concesiones vencidas que venden agua en pipas y adeudos empresariales por casi 12 mil millones de pesos. El 15 de julio arrancó en el DOF la regularización. La ventana dura 365 días.

El dato incómodo no es nuevo, pero nunca había tenido cifra oficial tan grande. Al cruzar su registro de títulos, la Comisión Nacional del Agua encontró que la anomalía no es la excepción sino el estado natural del padrón: datos incompletos, usos desviados, títulos vencidos operando como si nada. El monitoreo académico de la Universidad Iberoamericana llegó por su cuenta a un número casi idéntico —anomalías en más de 531 mil concesiones— integrando millones de registros oficiales. Cuando el gobierno y la academia coinciden en que más de medio millón de títulos están chuecos, la pregunta deja de ser si hay huachicol de agua y pasa a ser quién lo opera y quién lo cobra.

Lo que esta administración sí está haciendo

Conviene reconocerlo sin regateos, porque es más de lo que hizo cualquier sexenio anterior. La Ley General de Aguas —publicada el 11 de diciembre de 2025 y en vigor desde el día siguiente— eliminó la transmisión libre de concesiones entre particulares, es decir, mató el mercado negro legalizado en el que un título de riego se revendía para un parque industrial. Creó delitos hídricos, multas de hasta 3.5 millones de pesos y un fondo de reserva para reincorporar volúmenes no utilizados. La Conagua de Efraín Morales López ha iniciado más de 4 mil procedimientos de verificación —la mayoría terminó en sanción—, presentó denuncias penales, clausura pipas ilegales y hasta demuele tomas clandestinas. En marzo exhibió que las empresas deben casi 12 mil millones de pesos por uso irregular del agua, incluida una refresquera con un adeudo de 234 millones por sobreexplotar sus concesiones. Y habilitó un portal para denunciar pozos ilegales de forma anónima.

Todo eso está bien. Lo que sigue es donde el asunto se pone interesante.

La regularización que arrancó el 15 de julio

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2026, firmado por Morales López, abre una primera etapa de regularización para títulos cuya vigencia expiró entre el 1 de enero de 2009 y hoy sin que el titular pidiera prórroga a tiempo. No es amnistía para cualquiera: aplica a usos doméstico, público urbano, agrícola, pecuario y de acuacultura, y los beneficiarios son distritos y unidades de riego, ejidos, estados y municipios que prestan el servicio de agua, y personas físicas hasta por un millón de metros cúbicos anuales. El uso agroindustrial quedó expresamente fuera. Traducción: la ventana es para el ejidatario con el papel vencido, no para la embotelladora.

Elemento del acuerdo (DOF 15-jul-2026) Detalle
Títulos elegiblesVencidos entre el 1 de enero de 2009 y la entrada en vigor, sin prórroga solicitada a tiempo
BeneficiariosDistritos y unidades de riego, ejidos, estados y municipios; personas físicas hasta 1 millón de m³/año
ExcluidosVolúmenes de uso agroindustrial
Requisitos13 en total: obra operando los últimos 2 años, medidor instalado, pagos al corriente de 5 ejercicios, sin sanción en trámite
Vigencia de la ventana365 días naturales
Verificación posteriorConagua revisará el uso real durante 2 años; los volúmenes no usados podrán caducar y volver a la nación

Hay un detalle con dientes: durante los dos años siguientes, la Conagua verificará cuánta agua usa realmente cada concesionario y "conciliará" los volúmenes concesionados con los efectivamente utilizados, considerando seguridad hídrica, seguridad alimentaria y el índice de marginación de las poblaciones. Los volúmenes ociosos —esos que se acaparaban como quien aparta lugar en el estacionamiento— podrán declararse caducos y reincorporarse a las aguas nacionales. En papel, es la reforma redistributiva más seria en décadas de gestión del agua.

Infografía: 580 mil concesiones de agua con irregularidades, 12 mil mdp en adeudos y la línea de tiempo de la regularización que arrancó el 15 de julio de 2026.
Del padrón chueco a la ventana de regularización, en una imagen.

El fantasma en el expediente: quién paga y quién no

Aquí es donde el discurso de justicia hídrica se topa con la caja registradora. De acuerdo con los datos de la propia Conagua recogidos por la prensa, solo 2 de cada 10 concesiones están al corriente en sus pagos. Ocho de cada diez usan agua de la nación sin pagarla completa, y los adeudos empresariales identificados rondan los 12 mil millones de pesos: más o menos lo que costaría el programa anual de infraestructura hidroagrícola de varios estados juntos. La refresquera del adeudo de 234 millones sigue sin nombre público. Los casos que sí tienen nombre son elocuentes: la Conagua mantiene litigios abiertos contra la familia del diputado priista queretano Mario Calzada, cuyas concesiones de riego —según la propia comisión— se usaban para vender agua en pipas, levantar desarrollos inmobiliarios y regar un campo de polo. Y la presidenta Sheinbaum recordó el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte, que presumía finca con agua ajena.

"Cuando detectamos que alguien está vendiendo pipas, se lleva a cabo de inmediato la clausura […] y además estamos presentando denuncias penales." — Efraín Morales López, director general de la Conagua

El contraste es el corazón del asunto, y es el mismo que hemos documentado en otros expedientes de esta casa: el Estado es implacable con el eslabón débil y paciente con el fuerte. Al usuario doméstico se le corta el servicio por una factura; al acaparador con campo de polo se le administra un litigio. Puebla y Tehuacán concentran más de 1,500 denuncias ciudadanas por huachicol de agua —la Conagua misma llama a la zona "foco rojo"— mientras las colonias de esas mismas ciudades compran pipas a sobreprecio para llenar un tinaco. Como en el maíz que se paga a precio de hace una década, o en las medicinas que no llegan a la farmacia del IMSS, el recurso existe: lo que está torcido es quién se lo queda. Y como en las quejas laborales del T-MEC, la asimetría no es un accidente del sistema: es el sistema.

Vale la pena detenerse en qué es, operativamente, el huachicol de agua, porque la palabra suena a metáfora y no lo es. Las prácticas que la Conagua tiene bajo investigación incluyen perforaciones ilegales directamente a los ductos municipales —el equivalente hídrico de ordeñar un poliducto de Pemex—, extracción mediante pozos no autorizados y comercialización de agua en pipas sin permiso oficial. Las autoridades las describen como redes de aprovechamiento ilícito del recurso: no es el vecino que le da una mordida a la llave, es logística organizada con clientes cautivos. Y sus clientes cautivos son, precisamente, las colonias a las que la red formal no llega o llega a cuentagotas. El negocio redondo de la escasez: primero se acapara el agua concesionada, luego se le vende en pipa a quien se quedó sin ella. Quien controla ambos extremos de esa manguera no aparece en ningún recibo, pero cobra mejor que el organismo operador.

Respuestas rápidas

¿Qué es la regularización de concesiones de agua 2026?
Es la primera etapa de un programa publicado en el DOF el 15 de julio de 2026 para regularizar títulos de concesión vencidos desde 2009 que no pidieron prórroga a tiempo. Dura 365 días y aplica a usos doméstico, público urbano, agrícola, pecuario y de acuacultura.

¿Quiénes pueden regularizar su concesión de agua?
Distritos y unidades de riego, ejidos, estados y municipios que prestan el servicio, y personas físicas hasta por 1 millón de m³ anuales. El uso agroindustrial quedó excluido.

¿Cuántas concesiones de agua irregulares hay en México?
La Conagua detectó irregularidades en más de 580 mil títulos; el monitoreo de la Universidad Iberoamericana encontró anomalías en más de 531 mil. Los adeudos empresariales identificados rondan los 12 mil millones de pesos.

¿Qué pasa si no uso el volumen de agua concesionado?
La Conagua verificará el uso real durante 2 años y podrá declarar la caducidad de los volúmenes no utilizados, que se reincorporan a las aguas nacionales, salvo que el concesionario tramite el aviso de interrupción de caducidad.

Las preguntas que faltan

La arquitectura legal ya existe; lo que falta es lo de siempre: nombres, montos cobrados y títulos cancelados. Un padrón con 580 mil irregularidades no se limpió con 4 mil verificaciones —a ese ritmo, la revisión completa tomaría más de un siglo—, y una lista de deudores de 12 mil millones sin nombres públicos es una lista que todavía negocia. La ley nueva prometió que el agua dejaba de ser mercancía. Falta que dejar de pagar también deje de ser gratis.

Las preguntas que Efraín Morales López, director general de la Conagua, aún no responde:

  1. De las más de 580 mil concesiones con irregularidades, ¿cuántas han terminado en cancelación o caducidad efectiva y cuántas denuncias penales exactamente se han presentado a la fecha?
  2. ¿Quiénes son los 10 mayores deudores de los casi 12 mil millones de pesos identificados, cuánto se ha cobrado ya, y por qué sigue sin publicarse el nombre de la refresquera con el adeudo de 234 millones?
  3. Con 13 requisitos y 365 días de ventana, ¿cuántos ejidos y pequeños usuarios estima regularizar la Conagua, y qué pasará el día 366 con quienes no alcancen a cumplir —se les cancela el título o se abre otra prórroga?

Fuentes: acuerdo de la primera etapa de regularización de títulos de concesión, DOF 15 de julio de 2026 (análisis de Holland & Knight, 17 de julio de 2026); Ley General de Aguas, DOF 11 de diciembre de 2025; declaraciones de Efraín Morales López recogidas por 24 Horas (14 de mayo de 2026), Ovaciones y La Jornada de Oriente; La Jornada, "Conagua exhibe adeudo de 12 mil mdp de empresas por uso irregular del agua" (23 de marzo de 2026); Infobae, adeudo de refresquera por 234 mdp (23 de marzo de 2026); monitoreo de concesiones de agua de la Universidad Iberoamericana (Alcaldes de México); Plan Nacional Hídrico 2024-2030.