Río Santiago: $7,000 millones a 6 años, cero sanciones. La aritmética del veneno

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy 14 de mayo, junto al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, un plan de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago por 7,000 millones de pesos a desplegarse hasta 2030. La cifra es real. Lo que también es real es que en 2025 solo se aplicaron 500 millones de los 7,000 prometidos, que el corredor industrial El Salto-Ocotlán sigue descargando aguas industriales documentadas por organizaciones de Jalisco al menos desde enero de 2026, y que en veinte años de denuncias comunitarias por el Río Santiago ninguna empresa ha sido sancionada, clausurada ni nombrada públicamente. El plan reparte dinero. Las preguntas que importan no son cuánto, son a quién no se le aplica la ley.

El Río Grande de Santiago atraviesa el corredor industrial más denso del occidente mexicano. Pasa por Ocotlán, El Salto, Juanacatlán, Tonalá, El Arenal y desemboca en el Pacífico cruzando seis municipios más. A su paso recibe descargas de plantas de tequila, papeleras, textiles, electrónica, automotriz, química y de procesamiento de cárnicos. En la Cascada El Salto de Juanacatlán — antes Niagara de México por su belleza — la espuma blanca que cae sobre las rocas hoy es de detergentes industriales y agroquímicos. Las comunidades ribereñas llevan más de dos décadas levantando denuncias. La cifra que más se cita en investigaciones académicas y reportajes locales es la del Comité Salvemos al Río Santiago: al menos cuatro muertes infantiles documentadas por contacto con el agua entre 2008 y 2024, y un patrón de cáncer y enfermedades renales en colonias adyacentes que rebasa la media nacional.

El anuncio de hoy llega después de una marcha histórica del Comité en abril, y después de que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidiera al Estado mexicano en febrero atender el caso del Río Santiago como crisis sanitaria con sesgo de género — niños y mujeres son los más expuestos. Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco (Movimiento Ciudadano), acompañó a Sheinbaum en el anuncio. Su gobierno aporta presupuesto estatal complementario sin cifra desagregada pública. El plan habla de saneamiento. Las preguntas Pluma empiezan donde el plan termina.

Lo que dicen los números

El presupuesto oficial del plan se distribuye así, según las cifras presentadas hoy en Palacio Nacional y reportadas por El Informador, Heraldo de México y la propia Conagua:

• 2025: 500 millones aplicados (ejercicio incompleto, año electoral). Equivale al 7% del total prometido.
• 2026: 1,500 millones presupuestados, conforme a anuncio matutino del 14 de mayo. Pendiente de validar en el PEF 2027 al cierre del ejercicio.
• 2027-2030: 5,000 millones restantes a distribuir en cuatro años fiscales. Sin partida desagregada por año ni por obra hidráulica específica.
• Beneficiarios oficiales: 21 millones de personas de la cuenca, según Conagua. Incluye habitantes de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Querétaro.

La aritmética del plan es desigual. Si los 21 millones de personas son los beneficiarios proyectados, los 7,000 millones equivalen a 333 pesos por habitante distribuidos en seis años — es decir, 56 pesos por habitante por año. Es lo que cuesta menos de un mes de garrafones de agua para una familia que no puede beber del cauce. El plan reconoce la magnitud del daño y la pequeñez de la inversión al mismo tiempo.

Lo que el plan no menciona

En el anuncio de hoy no hubo lista de empresas. No hubo padrón de descargas industriales identificadas. No hubo cronograma de inspecciones a la Profepa. No hubo monto de sanciones cobradas por contaminación de cuerpos federales de agua en 2025. La revista Página 24 Jalisco reportó en enero de 2026 — cuatro meses antes del anuncio — que las descargas industriales en el corredor El Salto-Ocotlán continúan sin clausura efectiva. El reportaje cita testimonios de pobladores que documentaron con cámara las descargas mientras la Profepa programaba "operativos preventivos".

El Atlas de Conflictos Socio-Ecológicos de Jalisco, citado por Libertad de Palabra, documenta el corredor Lerma-Santiago como uno de los diecisiete conflictos ambientales activos del estado. La descripción del atlas es directa: "sobreexplotación industrial con responsables conocidos por la población pero protegidos por la opacidad administrativa estatal y federal".

El gobierno federal habla de 21 millones de beneficiarios. El Comité Salvemos al Río Santiago habla de cuatro niños muertos documentados y un universo no contabilizado de afectados directos en El Salto, Juanacatlán y Ocotlán. Las dos cifras conviven. Solo una se publicó hoy en Palacio Nacional.

"Carece de recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos." — frase recurrente en acuerdos municipales y federales que abren paso a la concesión privada del agua en zonas con conflicto ambiental, como en el caso paralelo de Tierra Blanca, El Marqués, documentado por Pluma de Quetzal el 12 de mayo.

Quién paga la cuenta: los de aguas abajo

La desigualdad del Santiago no es metafórica. Los 2,500 habitantes de El Salto, el municipio nombrado por su caída de agua, son los que respiran los vapores tóxicos cuando el viento gira, los que no pueden bañar a sus hijos en el río que sus abuelos cruzaban a nado. El Periódico AM documentó en febrero que la incidencia de insuficiencia renal en menores de quince años en El Salto duplica el promedio jalisciense. La cifra es estimada — no hay registro epidemiológico oficial desglosado por causa hídrica — pero aparece en estudios académicos de la Universidad de Guadalajara desde 2018.

El plan de Conagua propone construir plantas de tratamiento. No propone clausurar las fuentes de contaminación. La diferencia es la misma que en Tierra Blanca, El Marqués: tratar las consecuencias y dejar intacto el origen. El método se repite en distintos municipios con distintos partidos. La constante es el patrón: la industria descarga, el Estado limpia con dinero público, los vecinos pagan con salud.

Las preguntas que el director de Conagua Efraín Morales López aún no responde:

1. ¿Cuántas de las descargas industriales identificadas en el corredor El Salto-Ocotlán han sido clausuradas, sancionadas o sometidas a denuncia penal entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de mayo de 2026? Solicito la lista por nombre de empresa, sector, municipio y monto de multa o tipo de sanción.
2. ¿Por qué el presupuesto del plan se distribuye en seis años — con 5,000 millones diferidos al periodo 2027-2030 — cuando las organizaciones de la cuenca llevan 20 años documentando muertes por contaminación y la propia Conagua reconoce 21 millones de personas afectadas?
3. ¿Qué empresas del corredor Ocotlán-El Salto-Juanacatlán mantienen vigentes concesiones de descarga al amparo del Registro Público de Derechos de Agua, y cuándo se publicará el padrón con razón social, volumen autorizado y tipo de efluente?

Las preguntas que el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro aún no responde:

1. ¿Cuánto presupuesto estatal aportará el gobierno de Jalisco en 2026 y en cada año subsecuente al plan federal de saneamiento del Río Santiago, y en qué partida específica del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco se etiqueta?
2. ¿Cuántos operativos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) Jalisco se realizaron en el corredor El Salto-Ocotlán entre el 1 de octubre de 2024 y el 14 de mayo de 2026, y cuántas empresas fueron sancionadas con base en esos operativos?
3. El Comité Salvemos al Río Santiago ha solicitado audiencia formal con su gobierno desde antes de tomar protesta. ¿Cuándo recibirá públicamente al Comité, y se compromete a publicar un acta abierta del encuentro con compromisos verificables y plazos?

Metodología. Esta nota se construyó con la cobertura del anuncio matutino del 14 de mayo de 2026 (El Informador, Heraldo de México, Infobae, transmisión oficial de Presidencia), el reporte de saneamiento Lerma-Santiago de marzo de 2026 con las cifras de 21 millones de beneficiarios y 7,000 millones de pesos, el reportaje de Página 24 Jalisco de enero de 2026 sobre la continuidad de descargas industriales, el Atlas de Conflictos Socio-Ecológicos de Jalisco publicado por Libertad de Palabra, el archivo público del Comité Salvemos al Río Santiago y estudios académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara sobre incidencia renal en El Salto. La cifra de 333 pesos por habitante a seis años es cálculo aritmético directo (7,000,000,000 ÷ 21,000,000 ÷ 6 ≈ 56 pesos/habitante/año). No se publica la lista de empresas señaladas porque el padrón oficial no es público — la nota lo nombra como ausencia institucional, no como omisión periodística.