Jornaleros 2026: $315 al día, 87% sin contrato, y 700 mil niños cosechando lo que comemos

El salario mínimo general para 2026 quedó fijado en $315.04 pesos diarios. Eso es lo que recibe, en el papel, el jornalero agrícola que cosecha el aguacate de Michoacán, la cebada de la cerveza, el tomate del taco, el maíz que llega a tu cocina. En la práctica, 9 de cada 10 jornaleros no tienen contrato escrito, no están afiliados al IMSS, ni acceso a servicios de salud, ni una sola prestación. La precariedad no es accidente: es la condición estructural que sostiene la cadena agroexportadora más rentable de México.

Mientras el aguacate mexicano rompía récord histórico de exportación con 1.2 millones de toneladas enviadas a Estados Unidos en la temporada 2025-2026 —generando más de 3,500 millones de dólares anuales en divisas—, las personas que cosechan ese fruto seguían acumulando deudas con el sistema de salud, dejando hijos sin escuela, y enterrando, año con año, a niños que murieron jornaleando. El campo mexicano alimenta al norte. El norte cosecha en pesos lo que el sur cobra, demasiadas veces, en muertes.

El gobierno habló de un aumento histórico al salario mínimo. Tiene razón. Pero el salario mínimo es solo el piso legal. Lo que falta sigue siendo el techo, los huesos, el oxígeno y la dignidad.

La aritmética del aguacate, la cebada y el tomate

México es la primera potencia mundial en producción y exportación de aguacate. Michoacán concentra el 68% de la producción nacional, seguido por Jalisco con 12% y el Estado de México con 5%. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) reporta que para el Cinco de Mayo de 2026 se enviaron 230 millones de libras a Estados Unidos, un récord que rompió incluso el ritmo de crecimiento del Super Bowl. La producción nacional de aguacate en 2024 superó los $56,975 millones de pesos: el segundo cultivo más valioso del campo mexicano.

El aguacate no está solo. La cebada que va a las cervecerías Constellation, AB InBev y Heineken; el tomate que cruza la frontera para entrar a las hamburguesas; los berries que aparecen en los desayunos de Houston y Dallas. Hasta el 87% de las personas que trabajan en estas cadenas están en la informalidad, según el reporte 2026 que compiló Expansión Política basado en datos de la Secretaría del Trabajo y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).

La cuenta es brutal cuando se desglosa: 2.5 millones de jornaleros agrícolas trabajan todo el año bajo el sol, en jornadas que comienzan a las 7 de la mañana y se extienden hasta el atardecer. Cuando se suman a sus familias, la cifra asciende a 8.5 millones de personas que dependen del campo sin contrato, sin acceso a la seguridad social, y muchos sin un techo digno donde dormir.

9 de cada 10 sin nada

Las cifras son devastadoras. La Alianza Campo Justo —conformada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Oxfam México— ha documentado durante años el cuadro completo de la precariedad agrícola:

• 9 de cada 10 jornaleros agrícolas trabajan sin contrato escrito.
• 9 de cada 10 no están afiliados al IMSS.
• 86.6% de las mujeres jornaleras no tiene afiliación al IMSS, una proporción aún más alta que el promedio.
• 7 de cada 10 jornaleros carecen de servicios médicos en general.
• Más del 80% del sector agrícola está en la informalidad — la tasa más alta de cualquier rama productiva en México.

La organización Fundar publicó en abril de 2026 una declaración conjunta con Campo Justo señalando que, pese a los aumentos sucesivos al salario mínimo general, el gobierno federal no avanza lo que se esperaría en garantizar trabajo digno, jornada legal y acceso efectivo a la seguridad social. La Alianza renovó su exigencia central: que se fije un salario mínimo profesional digno y específico para las personas jornaleras agrícolas, distinto del general, con un piso que reconozca la dureza de la jornada y la imposibilidad de ahorrar en un trabajo estacional.

Esa exigencia no se ha cumplido. Para 2026, los jornaleros siguen recibiendo el salario mínimo general ($315.04 fuera de la frontera norte, $440.87 en la franja fronteriza), no un mínimo profesional como el que reciben los manejadores de granja avícola ($316.85 al día) o los reporteros de prensa escrita ($705.46). En la lista oficial de 61 oficios y profesiones con salario mínimo profesional propio publicada por CONASAMI en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025, los jornaleros agrícolas no aparecen. Son los únicos que cosechan, transportan, empacan y exportan el aguacate que México presume al mundo, pero el Estado mexicano no les reconoce un salario propio.

Las cifras que el gobierno no presume

Hay un dato que no aparece en los discursos oficiales: 700 mil niñas y niños trabajan en campos agrícolas mexicanos, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 del INEGI. Ese número no se ha actualizado oficialmente desde entonces, pero las organizaciones de defensa del jornalero indican que se mantiene en rangos similares.

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que opera en La Montaña de Guerrero, documenta cada temporada los accidentes que afectan a esos niños jornaleros. En un solo año, 2022, registró 12 accidentes dentro de los campos donde trabajaban menores acompañando a sus padres, y 4 niños perdieron la vida. Entre 2007 y junio de 2015, según el conteo del consejo de jornaleros agrícolas de la Montaña, fallecieron 44 menores mientras laboraban como jornaleros. Las causas registradas:

• Atropellamiento por tractores y camionetas de carga al interior de las fincas.
• Intoxicación por contacto directo con fertilizantes y plaguicidas.
• Deshidratación tras horas de exposición al sol sin pausa ni agua.
• Quemaduras por contacto con maquinaria caliente.
• Desnutrición acumulada por jornadas de 10-12 horas con un solo alimento.
• Gastroenteritis vinculada a la falta de baños y agua potable en los albergues.

Estos niños no aparecen en los reportes de la Secretaría del Trabajo. No aparecen en los anuncios de récord exportador. No aparecen en las fotos institucionales con los productores de aguacate posando frente al Super Bowl. Aparecen, cuando aparecen, en los expedientes de Tlachinollan y en investigaciones periodísticas como las de SinEmbargo, Pie de Página y Desinformémonos.

Jornaleros 2026 en cifras

El campo que alimenta al país, sin contrato y sin techo

La cebada que va a Constellation, el aguacate que va a Walmart, el tomate que va a EE.UU. todos cumplen con el salario mínimo. Y al mismo tiempo, todos producen utilidades para empresas extranjeras varios órdenes de magnitud mayores que los salarios pagados aquí.

Los migrantes invisibles del campo

Una capa adicional de precariedad cae sobre los jornaleros migrantes: las personas que viajan tras la cosecha de un estado a otro, generalmente desde Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz hacia Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco y Michoacán. Estos migrantes internos —en su mayoría indígenas mixtecos, tlapanecos, zapotecos y nahuas— son el grupo más vulnerable del sector.

El programa Producción para el Bienestar, una de las políticas estrella del gobierno federal en el campo, llega a quien tiene papeles, predio reconocido y registro previo. Los jornaleros migrantes —que por definición no tienen tierra propia, viajan con familia y duermen en albergues estacionales— quedan fuera. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI ni siquiera los captura con precisión, porque su domicilio cambia según la temporada.

El resultado es que millones de mexicanos sostienen la cadena agroexportadora desde el lado más oscuro de la informalidad: trabajan a destajo, cobran por kilo cosechado y no por hora; viven en albergues sin baño ni agua corriente; sus hijos los acompañan al campo porque no hay escuela ni guardería; y cuando la temporada termina, regresan a sus comunidades de origen sin un solo peso de prestaciones acumulado.

Lo que el gobierno presume con razón

Reconocimientos en su lugar: el salario mínimo en México pasó de $88.36 pesos diarios en 2019 a $315.04 en 2026, un crecimiento real acumulado superior al 250% que ha mejorado los ingresos de millones de trabajadores en la base de la pirámide. El incremento de 2026 (13% sobre el de 2025, según resolución de CONASAMI publicada en el DOF) es un avance medible que ha impactado al sector agrícola, donde antes el piso era todavía menor.

El gobierno también firmó —y la Secretaría del Trabajo lo presume con razón— el reglamento que obliga a quien contrata jornaleros migrantes a otorgar contrato escrito, transporte digno y vivienda. La reforma laboral de 2019 incluyó disposiciones específicas para el sector. El programa IMSS-Bienestar ha extendido la cobertura básica de salud a comunidades rurales, y el Programa de Apoyo a Pequeños Productores ha entregado transferencias directas que llegaron a más de 2 millones de hogares rurales en 2025.

Son avances. Son insuficientes.

Lo que el gobierno no dice

El reglamento existe; el cumplimiento, no. La Secretaría del Trabajo no ha publicado el número de inspecciones a campos agrícolas en 2025 ni el número de empleadores sancionados por incumplir las disposiciones laborales. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo opera con una plantilla insuficiente para cubrir las 32 entidades. Los jornaleros que reclaman derechos son, sistemáticamente, los primeros en perder el lugar en la siguiente temporada.

Y luego está el T-MEC. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, agendada para 2026, ya puso bajo lupa a la cadena del aguacate y los berries por certificación laboral y por riesgos de deforestación. Si las exportaciones agrícolas mexicanas no demuestran cumplimiento de estándares laborales internacionales —contrato, IMSS, salario digno, no trabajo infantil—, México arriesga aranceles o restricciones al ingreso de productos. La paradoja es brutal: el Estado mexicano puede preocuparse por el cumplimiento laboral por la presión externa del T-MEC, no por dignidad propia hacia 2.5 millones de mexicanos.

Lo que la oposición tampoco resuelve

Cuando el PAN y el PRI gobernaron, el modelo agroexportador no nació nuevo: se profundizó. Las concesiones a las grandes productoras de aguacate, los subsidios fiscales a la exportación de berries, los acuerdos con cadenas de supermercados estadounidenses se firmaron con presidentes priístas y panistas. La reforma laboral integral —la que reconocería un salario mínimo profesional para jornaleros— nunca entró a la agenda durante esos sexenios. La oposición que hoy critica los términos en los que se contrata mano de obra agrícola es la misma que pasó tres décadas sin obligar a las productoras a cumplir un piso digno.

No hay propuesta opositora seria sobre cadena de valor agrícola, royalties por uso de agua para cultivos de exportación, ni piso laboral por encima del mínimo general para el campo. Critican el ruido, no el negocio. Y en el negocio, todos los partidos cobraron.

Las preguntas incómodas

Para el gobierno: Si el aguacate mexicano genera $3,500 millones de dólares anuales en divisas y México es la primera potencia mundial en su exportación, ¿por qué los 2.5 millones de personas que cosechan ese aguacate siguen sin un salario mínimo profesional propio? ¿Cuándo llega el reglamento del IMSS para jornaleros migrantes? ¿Cuántas inspecciones a campos agrícolas se hicieron en 2025?

Para la oposición: Treinta años de su gestión consolidaron el modelo agroexportador. ¿Cuál es su propuesta para que la próxima exportación récord de aguacate deje más utilidad en bolsillo del jornalero que en bolsillo del distribuidor estadounidense?

Para la sociedad: Cada vez que comemos guacamole, tomate, cebada en cerveza, comemos también una jornada de 10 horas de un mexicano o una mexicana que cobró $315 al día sin contrato, sin IMSS y sin albergue digno. Setecientos mil niños trabajan en esos campos. Cuarenta y cuatro de ellos murieron entre 2007 y 2015. ¿Qué le decimos al jornalero del Super Bowl 2027?

¿Cuándo deja el campo mexicano de ser un sistema que paga al jornalero el piso legal mínimo y al exportador la utilidad bursátil máxima?