133,601 desaparecidos: la CIDH pone a México bajo la lupa con un informe especial

133,601 nombres que México no puede encontrar

El 23 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que prepara un informe especial dedicado exclusivamente a la crisis de desapariciones en México. No es un capítulo dentro de un reporte general. Es un documento completo, enfocado en un solo país, sobre un solo problema: la desaparición sistemática de personas.

La decisión de la CIDH no es casual. México acumula 133,601 personas desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional. A eso se suman más de 70,000 cuerpos sin identificar que se acumulan en servicios forenses, fosas comunes y centros de resguardo. La CIDH califica la situación como «una crisis humanitaria grave» que persiste a pesar de los esfuerzos institucionales.

Los estados donde más se desaparece

La crisis no se distribuye de forma uniforme. Tres estados concentran las cifras más altas: el Estado de México con 14,844 casos, Jalisco con 13,635 y Tamaulipas con 13,614. Juntos, estos tres estados representan más del 31% del total nacional.

Pero la geografía de la desaparición en México tiene matices que las cifras absolutas no capturan. Tamaulipas, con una población mucho menor que el Estado de México, tiene una tasa per cápita de desaparición significativamente más alta. Jalisco ha visto un incremento sostenido en los últimos tres años, coincidiendo con la expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aproximadamente una de cada cuatro personas desaparecidas es mujer. Cerca del 20% eran menores de edad al momento de su desaparición. Detrás de cada cifra hay una familia que busca, que marcha, que pega carteles en postes y que el Estado no ha podido —o no ha querido— atender.

La crisis forense: 70,000 cuerpos sin nombre

Tan grave como la desaparición de personas es la incapacidad del Estado para identificar los cuerpos que sí encuentra. Más de 70,000 cuerpos permanecen sin identificar en instalaciones forenses del país. Los servicios médico-legales operan con presupuestos insuficientes, personal sobrecargado y tecnología obsoleta.

Esto significa que hay familias buscando a personas que ya fueron encontradas pero que nadie puede identificar. El cuerpo está en una fosa o en un servicio forense, y la familia sigue marchando. La tragedia se duplica: el Estado no puede encontrar a los vivos ni nombrar a los muertos.

Lo que dice la CIDH — y lo que no dice el gobierno

El informe anual 2025 de la CIDH reconoce que el Estado mexicano fortaleció sus mecanismos institucionales de búsqueda durante ese año. También reconoce avances en política social: los programas de transferencias alcanzaron a 30 millones de familias, la pobreza se redujo y el salario mínimo aumentó. Pero el organismo es enfático: «los avances son insuficientes frente a la magnitud del problema».

La CIDH también alertó sobre el incremento de feminicidios, transfeminicidios y asesinatos de personas LGBTIQ+, así como el aumento de la trata de personas. Si bien las cifras oficiales de feminicidio muestran una tendencia a la baja —706 casos en 2025, la cifra más baja en ocho años—, organizaciones civiles advierten sobre un subregistro significativo y sobre el reclasificación de feminicidios como homicidios dolosos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó México del 19 al 22 de abril y reconoció el marco jurídico del país como «referencia internacional», pero subrayó la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y de intensificar las acciones contra las desapariciones y el tráfico de armas.

El patrón que ningún gobierno rompe

Las desapariciones en México no empezaron con este gobierno ni con el anterior. La crisis es estructural y atraviesa administraciones de todos los colores:

Durante el sexenio de Calderón, la guerra contra el narco disparó las desapariciones forzadas por parte de fuerzas de seguridad. Con Peña Nieto, los 43 de Ayotzinapa se convirtieron en el símbolo de un Estado cómplice. Con López Obrador, la estrategia de «abrazos, no balazos» no detuvo la tendencia: las desapariciones siguieron creciendo. Y con Sheinbaum, aunque se han reforzado mecanismos de búsqueda, los resultados siguen siendo insuficientes ante la escala del problema.

El denominador común no es un partido político. Es la impunidad. Según datos del Centro Prodh, más del 98% de los casos de desaparición no llegan a sentencia. No hay consecuencias para los perpetradores. Y sin consecuencias, no hay disuasión.

Las preguntas incómodas

Para el gobierno: Si los mecanismos de búsqueda se han fortalecido, ¿por qué la cifra de desaparecidos sigue creciendo? ¿Cuántos de los 70,000 cuerpos sin identificar podrían tener nombre si se invirtiera en tecnología forense lo que se invierte en obras de infraestructura?

Para la oposición: ¿Dónde estaba la urgencia cuando gobernaban? Las administraciones del PAN y el PRI acumularon décadas de inacción forense. La crisis no se hereda: se construye entre todos.

Para la sociedad: 133,601 personas desaparecidas equivalen a vaciar por completo una ciudad del tamaño de Colima. Es como si todos los habitantes de una capital estatal simplemente dejaran de existir. ¿En qué momento dejamos de escandalizarnos?

La CIDH prepara su informe. Las familias preparan otra marcha. Y México sigue sin poder encontrar a 133,601 de los suyos.