En 2025 mataron a 10 defensores ambientales en México · y el Estado participó en 56% de las agresiones

El Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales y del territorio en México 2025 que publicó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en abril de 2026 contabilizó 10 asesinatos y 3 desapariciones de personas defensoras del medio ambiente durante el año. Junto con ello, documentó 135 eventos de agresión que derivaron en 314 agresiones específicas, lo que lo convierte en el segundo año más violento desde que se inició el registro en 2015, sólo superado por 2022. Pero la cifra más incómoda del informe no es de cuántos cayeron, sino de quién agredió: en el 56.2% de los eventos documentados, el agresor identificable fue el Estado mexicano — gobiernos federales, estatales y municipales, fiscalías locales, policías y fuerzas militares —, lo cual posiciona al aparato público como el primer agresor de quienes defienden el territorio en México. El informe documenta también la criminalización de 107 personas defensoras con procesos judiciales injustificados y un aumento del 61% en ataques contra mujeres defensoras respecto a 2024.

Esta nota no romantiza la figura del defensor ambiental ni descalifica a ningún proyecto productivo. Documenta una cuenta que firma una organización con casi treinta años de trayectoria especializada en derecho ambiental, y la cruza con dos fuentes internacionales — Global Witness y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) — para situar el dato mexicano en el contexto continental: 2025 fue el año en que defender el territorio cobró el tercer precio más alto del hemisferio occidental, sólo detrás de Brasil y Colombia.

La cuenta del CEMDA 2025

El informe del CEMDA aplica una metodología consolidada desde 2015: sólo se contabilizan eventos en los que la persona agredida ejercía un trabajo verificable de defensa del medio ambiente, los recursos naturales o el territorio al momento de la agresión, y cuando la motivación del ataque está documentalmente vinculada a esa defensa. El criterio es restrictivo a propósito — busca evitar inflar el dato con homicidios cuya conexión con la defensa no se pueda probar. Por eso la cifra de 10 asesinatos en 2025, aunque menor que el promedio que reportan medios y autoridades locales sumando todo tipo de violencia rural, debe entenderse como un piso, no como un techo.

Los 135 eventos de agresión que registró CEMDA en 2025 incluyen homicidios, desapariciones, amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, allanamientos, daños a propiedad, criminalización mediante procesos judiciales y violencia digital. Como un mismo evento puede agrupar varias agresiones específicas (por ejemplo, una incursión policial puede combinar amenazas, daños a propiedad y detención arbitraria), el conteo de 314 agresiones específicas da una idea más fina del volumen real. El informe destaca también el incremento del 61% en ataques contra mujeres defensoras respecto a 2024 — una cifra que CEMDA atribuye al deterioro general de la seguridad para mujeres organizadas y al perfil de los proyectos extractivos que más tensión generan en comunidades indígenas y rurales.

El Estado mexicano como primer agresor — qué significa el 56.2%

La participación del Estado en agresiones a defensores ambientales no es una novedad: el propio CEMDA ha reportado porcentajes similares en informes anteriores. Lo que el dato de 2025 sí muestra es la consolidación de una tendencia: a pesar de los cambios de gobierno, del relevo en la SEMARNAT, de la creación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (operado por la SEGOB) y de la firma del Acuerdo de Escazú que México ratificó en 2021, el Estado sigue siendo el agresor más frecuente. El dato no acusa a ninguna persona; lo que documenta es un patrón institucional en el que policías municipales, secretarías estatales de seguridad pública, ministerios públicos locales y, en algunos casos, autoridades de protección civil aparecen recurrentemente como el actor que ejecuta o avala el hostigamiento.

El segundo agresor más frecuente, según CEMDA, son actores privados vinculados a proyectos productivos — empresas mineras, eléctricas, inmobiliarias, turísticas, agroindustriales — que en muchos casos operan con concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas por el propio Estado. La tercera categoría son grupos del crimen organizado, especialmente en regiones donde el control territorial coincide con explotación ilegal de bosques, agua o suelo. La proporción puede leerse de dos maneras: como un Estado que falla en proteger, o como un Estado que falla en regular y termina siendo cómplice de quienes opera bajo su autoridad.

"Mientras el Estado siga siendo el principal agresor documentado, las leyes y los acuerdos internacionales seguirán siendo letra muerta. Lo que el informe muestra no es una crisis temporal — es una constante institucional que sobrevive a los cambios de partido y de sexenio." — CEMDA, comunicado del 16 de abril de 2026 sobre la presentación del informe.

Dónde están las víctimas — mapa del riesgo 2025

Jalisco concentró el mayor número de homicidios documentados en 2025: tres de las diez personas asesinadas defendían el territorio en zonas del estado donde operan proyectos inmobiliarios de alta densidad, plantaciones de aguacate y agave, y explotación minera. Sin embargo, en términos de volumen total de eventos de agresión, fue la Ciudad de México la que encabezó la lista con 39 eventos, seguida por Puebla con 20, Oaxaca con 17, Jalisco con 14 y Veracruz con 11. La razón de que CDMX encabece la lista de agresiones no letales es que muchas defensoras y defensores de territorios rurales son criminalizados, hostigados o detenidos cuando vienen a la capital a denunciar — la asimetría entre dónde se libra la disputa territorial y dónde se procesa institucionalmente a quienes la encabezan.

Puebla y Oaxaca aparecen recurrentemente como territorios en los que comunidades indígenas y rurales enfrentan proyectos energéticos (parques eólicos, hidroeléctricas), mineros y de infraestructura asociados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a planes estatales de desarrollo industrial. Veracruz suma agresiones contra prensa ambiental y comunidades que documentan contaminación industrial. Lo que estas cifras no muestran son los estados en los que la violencia es tan estructural que las defensoras y defensores ya no documentan formalmente sus agresiones — el subregistro, según el propio CEMDA, sigue siendo significativo en Guerrero, Michoacán, Chiapas, Chihuahua y partes de Sonora.

La criminalización — 107 defensores con procesos judiciales injustificados

La criminalización es, en el lenguaje del derecho ambiental internacional, una de las formas más eficientes de neutralizar a una defensora o un defensor: no requiere violencia física, opera con la apariencia de legalidad y traslada la carga de la prueba a la persona acusada. CEMDA documenta que las fiscalías locales son los actores que más recurren a esta vía — particularmente en estados gobernados por partidos que tienen vínculos con los proyectos que la defensa cuestiona. El uso de la prisión preventiva oficiosa, vigente para una lista amplia de delitos en México, facilita esta vía: la persona es detenida y procesada sin necesidad de probar inicialmente su responsabilidad.

El contexto continental — México detrás de Brasil y Colombia

El informe global de Global Witness sobre defensores ambientales 2024 (publicado en septiembre de 2025) documentó 146 asesinatos de defensores ambientales en el mundo, de los cuales el 82% ocurrió en América Latina. La región se mantiene como la más letal del planeta, y dentro de ella México ocupa la tercera posición en número de casos, sólo detrás de Brasil y Colombia. La diferencia respecto a 2023 — cuando Global Witness pudo vincular más del 40% de los asesinatos en México a operaciones mineras — es que en 2024 y 2025 los proyectos energéticos (parques eólicos, hidroeléctricas) y los inmobiliarios de alta densidad han ganado peso en la composición de los conflictos territoriales. La minería sigue siendo la principal causa documentada, pero el patrón se diversifica.

México es Estado parte del Acuerdo de Escazú desde 2021, el primer tratado regional en el mundo que establece obligaciones específicas para proteger a personas defensoras del medio ambiente. El compromiso incluye prevenir y sancionar las agresiones, garantizar el acceso a la información ambiental y proteger la participación pública en decisiones que afecten al territorio. CEMDA, el Centro Prodh y la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han documentado el incumplimiento sistemático del Acuerdo por parte del Estado mexicano en estos cuatro años. El Mecanismo Federal de Protección, que opera bajo SEGOB, ha sido criticado por su lentitud, su falta de presupuesto y por casos en los que personas defensoras protegidas formalmente por el mecanismo terminaron siendo asesinadas.

El cierre — preguntas que los actores con cargo aún no responden

Las preguntas que los actores con cargo aún no responden:

1. A Claudia Sheinbaum Pardo (Presidencia, desde octubre 2024): El informe CEMDA 2025 documenta que el Estado mexicano participó en 56.2% de los eventos de agresión a defensores ambientales durante su primer año de gobierno. ¿Cuál es la cifra precisa de servidores públicos federales, estatales y municipales sancionados administrativa o penalmente por agresiones documentadas contra defensores del medio ambiente en 2025? ¿Cuántos casos del informe han sido remitidos por Presidencia a la FGR o a las contralorías estatales?
2. A Alicia Bárcena Ibarra (titular de SEMARNAT, desde octubre 2024): El Acuerdo de Escazú obliga al Estado mexicano a prevenir y sancionar las agresiones contra defensores. ¿Qué acción específica ha emprendido SEMARNAT en los 18 meses de gestión para implementar las obligaciones del Acuerdo en materia de protección, y cuántas reuniones formales ha tenido la secretaría con CEMDA, Centro Prodh, organizaciones indígenas y víctimas en este periodo?
3. A Rosa Icela Rodríguez Velázquez (titular de SEGOB, desde octubre 2024): El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas opera bajo su secretaría. ¿Cuántas personas defensoras del medio ambiente fueron incorporadas al Mecanismo en 2025? ¿Cuántas, ya incorporadas al Mecanismo, fueron víctimas de agresión durante el mismo periodo? ¿Cuál es el presupuesto vigente del Mecanismo y cuál fue su ejercicio efectivo en 2025?
4. A Pablo Lemus Navarro (Gobernador de Jalisco, desde 2024) y a la Fiscalía del Estado de Jalisco: Tres de las diez personas asesinadas en 2025 fueron en Jalisco — el estado con más homicidios documentados. ¿Cuántas carpetas de investigación están abiertas por estos casos, en qué etapa procesal se encuentran, y cuántas órdenes de aprehensión se han librado contra autores materiales o intelectuales?

Metodología. Esta nota cruza tres fuentes principales. (1) Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales y del territorio en México 2025 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), publicado el 16 de abril de 2026 — datos de 10 asesinatos, 3 desapariciones, 135 eventos de agresión, 314 agresiones específicas, 56.2% de agresiones con participación del Estado, 107 criminalizaciones, +61% ataques a mujeres defensoras, distribución estatal CDMX 39 / Puebla 20 / Oaxaca 17 / Jalisco 14 / Veracruz 11. (2) Missing Voices y reportes anuales de Global Witness sobre defensores ambientales 2023-2024 — 146 asesinatos globales en 2024, 82% en América Latina, México tercer país más letal del continente, conexión con minería del 40% de casos mexicanos 2023. (3) Agenda 2026 en Derechos Humanos del Centro Prodh, enero 2026, sobre desafíos institucionales del Mecanismo Federal de Protección y cumplimiento del Acuerdo de Escazú. La nota documenta agresiones a personas defensoras del medio ambiente con criterios restrictivos de CEMDA y reconoce el subregistro en estados con violencia estructural alta. La fotografía de portada es de Unsplash, libre uso editorial.