La canasta PACIC cuesta $910. Comer de verdad cuesta $2,571. La diferencia la paga tu cuerpo

Cada vez que el gobierno anuncia que la canasta básica del PACIC se mantiene en $910 pesos, dice una verdad incompleta. Sí: hay 24 productos cuyo precio está pactado con empresarios. Pero la canasta alimentaria real — la que mide cuánto dinero necesita una persona para no caer en pobreza alimentaria — cuesta $2,571 pesos al mes en zonas urbanas y $1,940 en zonas rurales. La diferencia entre lo que el PACIC cubre y lo que tu cuerpo necesita es un abismo de $1,661 pesos mensuales. Esa brecha no aparece en ninguna conferencia mañanera.

Dos canastas, dos realidades

La confusión es deliberada. Cuando el gobierno dice "canasta básica a $910", se refiere a un paquete de 24 productos específicos — aceite vegetal, arroz, frijol, huevo, pollo, tortilla, leche, atún en lata, entre otros — cuyo precio total fue pactado con grandes empresas como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Es un acuerdo voluntario, firmado primero por López Obrador en 2022 y renovado por Sheinbaum en noviembre de 2025 para el primer semestre de 2026.

La canasta alimentaria que mide el INEGI — antes responsabilidad del CONEVAL — es otra cosa. No es un paquete de 24 productos empaquetados. Es el costo mínimo de alimentación diaria para que una persona cubra sus requerimientos nutricionales. Incluye todo lo que necesitas para comer: frutas, verduras, carnes, lácteos, cereales, grasas, en las cantidades que el cuerpo necesita. En marzo de 2026, esa canasta costaba $2,571.18 mensuales por persona en zonas urbanas. Para una familia de cuatro: $10,284 al mes solo para comer.

El PACIC cubre 24 productos. La canasta alimentaria real tiene más de 40 categorías de alimentos. Los $910 pesos no alimentan a nadie — son un número de relaciones públicas que compara manzanas con naranjas. O más bien: que compara un paquete de atún con la nutrición de un ser humano.

$910 pesos: el truco de la selección

El mecanismo del PACIC funciona así: el gobierno pacta con Walmart, Soriana, Chedraui, La Comer y otros grandes comercializadores un precio tope para 24 productos. Las empresas acceden porque los productos son de alta rotación — los venden de todos modos — y porque el acuerdo les genera publicidad positiva y relación con el gobierno. No es filantropía. Es estrategia comercial.

Pero los 24 productos fueron seleccionados precisamente porque son controlables. No incluyen frutas y verduras frescas de temporada — que son las que más suben. No incluyen carne de res en todos sus cortes. No incluyen tortilla en todos los mercados — el PACIC aplica principalmente en supermercados de cadena, no en la tortillería de la esquina donde compra la mayoría de los mexicanos.

Y aquí está el dato más incómodo: según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), 17 de los 24 productos del PACIC han subido de precio más que la inflación promedio desde que el programa se lanzó en mayo de 2022. La naranja subió 84.6%. La zanahoria, el limón y la papa rebasaron el 40%. El frijol, el chile jalapeño, el huevo y el jitomate superaron el 20%.

El PACIC no controla precios. Pacta precios de referencia con grandes cadenas. Los precios reales — los que paga la señora en el tianguis, el trabajador en la miscelánea, la familia en el mercado municipal — siguen su propia lógica. Y esa lógica, en abril de 2026, es brutal.

Inflación de alimentos: 8.1% y subiendo

La inflación general en México cerró marzo de 2026 en 4.59% anual. Pero la inflación de alimentos — la que importa cuando tienes hambre — viaja al doble: 8.1% anual en zonas urbanas y 7.9% en zonas rurales, según el INEGI. Eso significa que los alimentos suben casi al doble de velocidad que el resto de la economía.

El caso del jitomate es grotesco. En marzo de 2026, el jitomate registró un aumento anual de 126.3%. Un solo producto explica el 41.1% del aumento de la canasta alimentaria rural y el 28.8% de la urbana. Detrás del número hay un accidente de tráiler con carga de tomate en una carretera del norte que afectó el abasto, problemas climáticos en Sinaloa, y la crisis logística global derivada del cierre del Estrecho de Ormuz que ha encarecido combustibles y fertilizantes.

Pero el jitomate no es la excepción — es el síntoma más visible. El tomate verde, la papa, las frutas de temporada y los servicios asociados a la alimentación (comedores, fondas, cocinas económicas) también registran aumentos muy por encima de la inflación general. Y ninguno de esos productos está controlado por el PACIC.

El Estrecho de Ormuz en tu cocina

Desde marzo de 2026, el bloqueo del Estrecho de Ormuz — por donde transita una quinta parte del petróleo mundial — ha disparado el precio del barril por encima de los 100 dólares. México importa fertilizantes, agroquímicos y diesel que se usan en la cadena de producción y distribución de alimentos. Cada dólar que sube el petróleo se traduce, semanas después, en centavos más por kilo de jitomate, por litro de leche, por tortilla.

El gobierno respondió con la exención de aranceles a 21 productos básicos y 5 insumos estratégicos para 2026. También mantiene estímulos fiscales a gasolinas y diesel para evitar que el aumento del petróleo se traslade completo al precio del transporte. Pero esos estímulos tienen un costo fiscal — cada peso que el gobierno deja de cobrar en IEPS de gasolina es un peso menos para programas sociales — y su efecto es temporal.

La semana pasada, Sheinbaum anunció una reunión de emergencia con comercializadores del PACIC para "solicitar que no aumenten los precios". La palabra clave es "solicitar". El PACIC es voluntario. No hay sanción si las empresas rompen el acuerdo. No hay ley que los obligue. Es un pacto de caballeros en un mercado que no tiene nada de caballeroso.

Lo que el PACIC no puede controlar

El problema de fondo es estructural. El PACIC fue diseñado como respuesta de emergencia a la inflación post-pandemia de 2022. Cuatro años después, sigue siendo la principal política de contención de precios alimentarios del gobierno federal. No ha evolucionado en ley, no tiene mecanismos de enforcement, no incluye a pequeñas y medianas empresas (que son el 80% del comercio de alimentos en México), y no cubre los mercados, tianguis y misceláneas donde compra la mayoría de la población.

Además, el PACIC solo beneficia a quienes compran en supermercados de cadena. Si vives en una comunidad rural de Oaxaca, en una colonia periférica de Ciudad Juárez o en un pueblo de la sierra de Guerrero donde no hay Walmart ni Soriana, el PACIC no existe para ti. Los $910 pesos son un precio de anaquel en tiendas a las que millones de mexicanos no tienen acceso.

Mientras tanto, el salario mínimo diario es de $315.04. Un trabajador que gana el mínimo recibe $9,451 al mes. La canasta alimentaria urbana para una familia de cuatro cuesta $10,284. Las cuentas no dan — y eso es antes de pagar renta, transporte, luz, agua y gas.

$910 pesos no son una política alimentaria

El PACIC cumplió su función en 2022: dar una señal política de que el gobierno estaba actuando contra la inflación. Pero una señal política no alimenta. Cuatro años después, convertir un acuerdo voluntario con empresarios en la columna vertebral de la política de precios alimentarios es una declaración de impotencia institucional.

México necesita una política alimentaria real — no un paquete de 24 productos en anaquel de supermercado. Necesita inversión en producción nacional de alimentos, cadenas cortas de distribución, regulación de márgenes comerciales, y reservas estratégicas de granos que amortigüen los choques externos como el del Estrecho de Ormuz.

Mientras eso no exista, la brecha seguirá ahí: $910 pesos en la conferencia de prensa, $2,571 en el refrigerador vacío. La diferencia — $1,661 mensuales por persona — no la paga el gobierno ni la pagan las empresas. La paga el cuerpo de quien come menos, come peor, o deja de comer.

Eso no cabe en una canasta básica. Pero cabe en una nota periodística. Y debe caber en una política pública.