Un año después de la elección judicial: 2,681 juzgadores nuevos y un sistema en construcción

El 1 de junio de 2025, México eligió por voto directo a la totalidad del Poder Judicial Federal y a cientos de juzgadores estatales. Once meses después, el sistema todavía se está armando: cargos en transición, normas reglamentarias incompletas y la pregunta abierta sobre qué tipo de justicia produce.

Por Redacción Pluma de Quetzal · · 2 min de lectura

El 1 de junio de 2025, casi 13 millones de personas votaron en México por jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Era la primera vez en la historia del país. La reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 había eliminado el modelo anterior —basado en carrera judicial, exámenes y consejos técnicos— y lo sustituyó por elección directa de la ciudadanía a partir de listas propuestas por los tres poderes del Estado.

El resultado: 2,681 cargos elegidos. De ellos, 881 corresponden al Poder Judicial de la Federación, incluyendo nueve ministras y ministros de una Suprema Corte que pasó de tener once integrantes a nueve, dos magistraturas de la Sala Superior y quince de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, y cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Los ministros tomaron protesta para un periodo de doce años; el resto, para nueve.

Cargos elegidos por elección judicial 2025

Primera elección directa de juzgadores en la historia del país0440880132017602200881Federación1,800Estatales
Elaboración propia con datos del INE, junio 2025.

Lo que dicen los datos

El Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA, publicado tras la elección, registró una participación cercana al 13% del padrón —baja en términos comparativos con otras elecciones—, denuncias de "boletas planchadas" (que orientaban el voto), uso de "acordeones" repartidos en casillas y dificultades para que la ciudadanía conociera a las y los candidatos. La cantidad de personas postuladas (más de 7 mil) y la complejidad de las boletas hicieron que el voto se tomara, en muchos casos, sin información suficiente.

El balance institucional, a casi un año de la elección, sigue siendo provisional. El Tribunal de Disciplina Judicial —pieza central del nuevo arreglo, creado para sancionar internamente a juzgadores— apenas comienza a operar. Las normas reglamentarias que definen qué cuenta como falta y qué procedimiento aplica se han ido publicando en partes. Las resoluciones más sensibles del nuevo Pleno de la SCJN están en curso y serán observadas por academia, gremio jurídico y litigantes.

Las preguntas abiertas

El argumento del oficialismo para impulsar la reforma fue que el modelo anterior protegía privilegios y se autoperpetuaba. Los críticos —entre ellos la mayoría de la academia jurídica y el Colegio de Abogados de la Ciudad de México— argumentaron que la elección popular de juzgadores compromete la independencia frente a quien controla la maquinaria política y reduce la calidad técnica del Poder Judicial.

Las preguntas que el modelo nuevo debe responder son tres: ¿la nueva Corte resuelve casos de constitucionalidad con la misma autonomía técnica que la anterior, o cede ante mayorías políticas?; ¿el Tribunal de Disciplina sanciona efectivamente a juzgadores con conductas indebidas o se vuelve mecanismo de presión política?; y ¿la calidad de las sentencias —la que se mide en argumentación, motivación, claridad— sostiene el estándar mexicano o lo erosiona? Las primeras respuestas se cocinan en este momento, en cada expediente. Hay que seguir observando.

Redacción Pluma de Quetzal

Equipo editorial del medio.