EU acusa a Rocha Moya de narco. Morena responde: 'Le creemos'. Sinaloa lleva 1,850 muertos.

Hoy, 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo lo que el gobierno de México se ha negado a hacer durante casi dos años: señalar con nombre y apellido al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como presunto operador político del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos federales contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por conspiración para traficar narcóticos hacia Estados Unidos, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos. La pena: entre 40 años y cadena perpetua.

Pero lo que debería ser un terremoto institucional —un gobernador en funciones acusado formalmente de ser cómplice del narco— se convirtió, en cuestión de horas, en un ejercicio de lealtad partidista.

La respuesta de Morena: fe ciega en lugar de rendición de cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum no pidió investigación. No pidió transparencia. No pidió licencia del gobernador. Dijo: "Le creemos al gobernador, es compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho."

Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena en la Cámara, fue más lejos: calificó la acusación como "un asunto político, no basado en evidencia." Y el propio Rocha Moya recurrió a la carta favorita del poder acorralado: dijo que se trata de "un ataque contra la Cuarta Transformación."

Repasemos: un gobernador acusado por la misma fiscalía que procesó a Genaro García Luna —y lo encontró culpable— dice que la acusación "carece de veracidad." Y su partido, en lugar de exigirle que lo demuestre, decide creerle por adelantado.

No es solo Rocha: son 10 funcionarios y todo el aparato estatal

La acusación del DOJ no pinta a un gobernador que "miró para otro lado." Describe una estructura de protección estatal completa, puesta al servicio de Los Chapitos:

• Rubén Rocha Moya — Gobernador de Sinaloa
• Juan de Dios Gámez Mendívil — Alcalde de Culiacán
• Enrique Inzunza Cazárez — Senador de Morena y ex Secretario General del estado
• Enrique Díaz Vega — Ex Secretario de Administración y Finanzas
• Dámaso Castro Zaávedra — Subprocurador de la Fiscalía Estatal
• Marco Antonio Almanza Avilés — Ex jefe de Policía Investigadora
• Alberto Jorge Contreras Núñez, "Cholo" — Ex jefe de Policía Investigadora
• Gerardo Mérida Sánchez — Ex Secretario de Seguridad Pública
• José Antonio Dionisio Hipólito, "Tornado" — Ex Subdirector de Policía Estatal
• Juan Valenzuela Millán, "Juanito" — Comandante de Policía Municipal de Culiacán

El gobernador, el alcalde de la capital, un senador, el fiscal adjunto, los jefes de policía estatal y municipal. Según el DOJ, todos conspiraron para usar la Policía del Estado, la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán como escudo del narcotráfico. No es una manzana podrida: es el árbol completo.

La cronología que Morena prefiere ignorar

Esta acusación no cayó del cielo. La línea del tiempo es brutal:

25 de julio de 2024: Ismael "El Mayo" Zambada es capturado en una trampa. Audios periodísticos vincularían después a Rocha Moya como organizador de la reunión donde Zambada fue secuestrado y entregado a EE.UU. La versión: le dijeron a El Mayo que iba a mediar un conflicto político entre Rocha y el exalcalde Héctor Melesio Cuén.

Septiembre 2024 – presente: Estalla la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza (facción de Zambada). Sinaloa se convierte en zona de guerra. Saldo a la fecha: más de 1,850 asesinatos y 1,800 desapariciones forzadas.

Octubre 2024: Un informe de Sedena vincula a Rocha Moya con Los Chapitos. AMLO ordena investigar... y no pasa nada.

Diciembre 2024: Cien días de violencia, más de 600 asesinatos. Rocha sigue gobernando.

2025: La guerra acumula 1,400 muertos en nueve meses. COPARMEX estima pérdidas por $36,000 millones de pesos y 35,000 empleos destruidos. Rocha sigue gobernando.

29 de abril de 2026: El DOJ lo acusa formalmente. Morena dice: "Le creemos."

El costo humano que nadie en el gobierno quiere cuantificar

Mientras la clase política debate si la acusación es "política" o "jurídica," los números hablan solos:

• 1,850+ personas asesinadas desde septiembre 2024
• 1,800+ desaparecidos
• 4,300 menores desplazados solo en la primera mitad de 2024
• 35,000 empleos perdidos
• $36,000 mdp en pérdidas económicas (COPARMEX)

Cada uno de esos números tiene nombre. Cada desaparecido tiene una familia buscando. Y el gobernador acusado de proteger al cártel que detonó esta guerra sigue despachando desde Palacio de Gobierno.

La pregunta que Morena no quiere escuchar

No se trata de si Rocha Moya es culpable o inocente. Eso lo determinará un tribunal —probablemente uno estadounidense, porque en México la probabilidad de que un gobernador morenista enfrente justicia es, históricamente, cero.

La pregunta real es otra: ¿Por qué un partido que llegó al poder prometiendo acabar con la impunidad responde a una acusación federal de narcotráfico con un "le creemos" en lugar de un "que se investigue"?

Cuando García Luna fue acusado, Morena exigió que cayera todo el peso de la ley. Cuando Rocha Moya es acusado por la misma fiscalía, con cargos similares, la respuesta es solidaridad y victimismo.

El problema no es que EE.UU. meta las manos en México. El problema es que México no mete las suyas cuando el acusado es de los propios.

Lo que sigue

Rocha Moya no puede ser extraditado mientras sea gobernador —tiene fuero. No hay solicitud formal de extradición... todavía. Pero la acusación del DOJ es pública, con nombres, cargos y penas. No es un rumor ni una filtración: es un indictment federal sellado que ya fue abierto.

La oposición pide su renuncia. Movimiento Ciudadano dice que "ya no debe ser gobernador." El PRI lo usa para llamar a Morena "narcopartido." Pero nadie en el poder tiene la autoridad moral para señalar: todos han tenido gobernadores manchados.

La diferencia es que este gobierno prometió ser diferente. Y hoy, frente a la acusación más grave que un gobernador mexicano ha enfrentado en décadas, su respuesta fue: "Le creemos. Es compañero del movimiento."

Sinaloa merece algo mejor que fe ciega. Merece rendición de cuentas.