93,000 jubilados en riesgo: la reforma que puede recortar hasta el 60% de las pensiones de Pemex, CFE y paraestatales
La reforma al Artículo 127 pone tope de $70,000 a pensiones de paraestatales. Más de 93,000 jubilados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza podrían perder hasta el 60% de su pensión. Hoy marchan en CDMX.
Este miércoles 22 de abril, cientos de jubilados y pensionados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Su destino: la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Palacio Nacional. Su demanda: que no les recorten la pensión que ganaron con décadas de trabajo.
Es la segunda movilización masiva en menos de una semana. El 17 de abril, 700 jubilados tomaron Paseo de la Reforma con la misma consigna: «Mi pensión es ganada, no regalada».
La reforma que lo detonó todo
El 10 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma al Artículo 127 constitucional. En esencia, establece que ninguna pensión de servidor público de confianza de organismos descentralizados, empresas del Estado o entidades paraestatales podrá superar la mitad del sueldo de la Presidencia de la República: aproximadamente 70,000 pesos mensuales.
La reforma fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 25 de marzo y ratificada por el Senado al día siguiente. El argumento oficial: acabar con las llamadas «pensiones doradas» de exfuncionarios que cobran cifras millonarias del erario.
93,000 jubilados en la línea de fuego
Según un análisis de El Financiero, más de 93,000 jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro podrían enfrentar recortes de hasta el 60% en sus pensiones. Las cifras por institución revelan la magnitud del problema:
En la CFE, se identificaron 2,199 pensionados que reciben montos superiores al límite. En Luz y Fuerza del Centro, 3,504 exfuncionarios de confianza cobran más que el sueldo neto mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunos perciben entre 100,000 y un millón de pesos mensuales.
¿Pensiones doradas o derechos ganados?
Aquí es donde la narrativa oficial se complica. El gobierno presenta la reforma como un acto de justicia: acabar con los privilegios obscenos de exdirectores y altos mandos que se jubilaron con pensiones millonarias. Y en muchos casos, tienen razón: hay pensiones de medio millón de pesos que no tienen justificación posible.
Pero la reforma no distingue entre el exdirector que cobra 500,000 pesos y el técnico electricista que, después de 35 años en la CFE, recibe 85,000 pesos. Para la ley, ambos son «pensiones doradas». Para el trabajador de base, es el fruto de toda una vida de servicio.
El problema de fondo: la retroactividad
El punto más delicado de la reforma es su aplicación retroactiva. Las pensiones ya otorgadas —pactadas bajo un marco legal vigente al momento de la jubilación— deberán ajustarse al nuevo tope. Esto significa que a un jubilado que lleva 10 años cobrando su pensión, de un día para otro le pueden recortar el 60%.
Expertos consultados por Infobae señalan que la retroactividad abre un precedente peligroso: si hoy el Estado puede modificar un derecho adquirido de los jubilados, mañana puede hacerlo con cualquier prestación laboral vigente. La certeza jurídica de todos los trabajadores queda en entredicho.
El Frente Nacional de Defensa
Tras la aprobación de la reforma, sindicatos y organizaciones de jubilados crearon el Frente Nacional en Defensa de las Pensiones y Jubilaciones, integrado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros (UNTPP) y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana.
El Frente acordó realizar movilizaciones el día 11 de cada mes en distintas ciudades del país. Y lanzaron una advertencia que eleva la presión: si el gobierno no atiende sus demandas, habrá protestas durante el Mundial de futbol 2026, que se celebra en México a partir de junio.
Lo que viene
El Congreso tiene 90 días naturales a partir de la publicación en el DOF para adecuar el marco jurídico secundario. Eso da plazo hasta julio de 2026. Mientras tanto, cientos de jubilados en Puebla ya anunciaron que recurrirán a amparos individuales. El frente nacional prepara más marchas. Y la pregunta sigue en el aire:
Si hoy le pueden recortar la pensión al que ya cumplió 30 años de servicio, ¿qué garantía tienes tú de que tus derechos laborales se van a respetar mañana?
No es solo de jubilados. Es de todos los que trabajamos.
