Los otros 9: quiénes son los funcionarios acusados de narco junto a Rocha Moya

Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por conspiración con el Cártel de Sinaloa. Pero Rocha no está solo en el indictment: lo acompañan nueve funcionarios y exfuncionarios que, según la fiscalía, conforman una red completa de protección estatal al narcotráfico.

No son nombres menores. Son el alcalde de la capital, un senador de la República, el vicefiscal del estado, el exsecretario de Seguridad, el exsecretario de Finanzas y cinco mandos policiales. Juntos, según el DOJ, "vendieron sus cargos a cambio de sobornos masivos" y usaron la Policía Estatal, la Fiscalía y la Policía Municipal de Culiacán para escoltar cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Estos son los nueve nombres que acompañan a Rocha Moya en la acusación más grave contra funcionarios mexicanos en funciones en la historia reciente.

1. Juan de Dios Gámez Mendívil — Alcalde de Culiacán (41 años)

El "ahijado político" de Rocha Moya. Arquitecto de profesión, Gámez fue operador de campaña de Rocha desde 2017, primero en su candidatura al Senado y luego en la carrera por la gubernatura en 2021. Al ganar Rocha, lo colocó como candidato a la alcaldía de Culiacán — la plaza más importante del estado.

Según el DOJ, Gámez usó la Policía Municipal de Culiacán para proteger operaciones del cártel. Es decir: el hombre que controla la seguridad de la capital del estado habría puesto a sus policías al servicio de Los Chapitos.

Tras la acusación, Gámez rechazó los cargos y dijo que seguirá al frente del municipio.

2. Enrique Inzunza Cazárez — Senador de Morena (53 años)

El perfil más delicado políticamente. Inzunza es senador de la República en funciones por Morena, lo que significa que tiene fuero federal. Antes de llegar al Senado en 2024, fue Secretario General de Gobierno de Sinaloa —el segundo cargo más poderoso del estado— bajo Rocha Moya, puesto que dejó en febrero de 2024.

Su trayectoria incluye haber sido Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa de 2016 a 2021. Es decir: presidió el poder judicial del estado antes de saltar al ejecutivo estatal y luego al legislativo federal. Según el DOJ, desde la Secretaría General coordinó la protección institucional al cártel.

Esto significa que un senador que hoy vota leyes en el Congreso está acusado por Estados Unidos de haber sido operador del narco. El fuero lo protege de extradición, pero no de la evidencia que la fiscalía dice tener.

3. Enrique Díaz Vega — Ex Secretario de Administración y Finanzas (50 años)

El hombre del dinero. Díaz Vega controló las finanzas del gobierno de Sinaloa bajo Rocha Moya. Su inclusión en la acusación sugiere que el esquema no era solo de protección operativa, sino también financiera. Si el DOJ puede demostrar que las finanzas estatales se usaron para lavar dinero o canalizar sobornos, este nombre será clave en el juicio.

4. Dámaso Castro Zaávedra — Subprocurador (Vicefiscal) de la Fiscalía Estatal

El dato más escalofriante: sigue en funciones. Castro Zaávedra es actualmente el vicefiscal de Sinaloa — es decir, el número dos de la institución que debería investigar al crimen organizado. Según el DOJ, en lugar de investigar al cártel, lo protegía.

La Fiscalía de Sinaloa emitió un comunicado defendiéndolo, lo que completa el cuadro: la institución que debería perseguir el delito defiende públicamente a un funcionario acusado de narcotráfico por la misma fiscalía que condenó a García Luna.

5 y 6. Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez ("Cholo") — Exjefes de la Policía de Investigación

Los dos excomisarios generales de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal. Su función oficial: dirigir a los policías que investigan delitos graves, incluido el narcotráfico. Su función real, según la acusación: coordinar la protección policial a los cargamentos de droga.

El hecho de que ambos jefes de investigación —no uno, sino dos sucesivos— estén acusados indica que no fue un caso aislado, sino una práctica institucionalizada a lo largo de varios años.

7. Gerardo Mérida Sánchez — Ex Secretario de Seguridad Pública

El máximo responsable de seguridad del estado. Mérida Sánchez dirigió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y, según el DOJ, usó la Policía Estatal Preventiva como brazo de protección del Cártel de Sinaloa. No como infiltrado: como jefe. La policía estatal, la misma que patrulla las calles de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, habría operado como escolta del narcotráfico bajo su mando.

8. José Antonio Dionisio Hipólito ("Tornado") — Ex Subdirector de la Policía Estatal

El operativo de campo. Alias "Tornado," Dionisio Hipólito fue subdirector de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa — el mando operativo que ejecutaba las órdenes que bajaban de Mérida Sánchez. Si el secretario daba la instrucción, "Tornado" la llevaba a cabo en la calle.

9. Juan Valenzuela Millán ("Juanito") — Comandante de Policía Municipal de Culiacán

El último eslabón de la cadena en el nivel municipal. Valenzuela Millán comandaba patrullas en Culiacán — la ciudad donde se libra la guerra entre facciones del cártel. Según la acusación, sus unidades proporcionaban escolta directa a cargamentos de droga. El policía municipal que debería protegerte a ti, protegía la mercancía.

El patrón: no es una manzana podrida, es el huerto completo

Lo que el DOJ describe no es corrupción individual. Es un sistema de captura estatal:

• Poder Ejecutivo: el gobernador y su secretario general
• Poder Legislativo: un senador de la República
• Finanzas: el secretario de Administración y Finanzas
• Justicia: el vicefiscal y dos jefes de policía de investigación
• Seguridad estatal: el secretario de Seguridad Pública y su subdirector
• Seguridad municipal: el alcalde de Culiacán y un comandante de policía

No queda un solo pilar del estado que no esté representado en la acusación. Es el organigrama completo del poder en Sinaloa, desde el gobernador hasta el policía de la esquina, acusado de servir al mismo patrón: Los Chapitos.

¿Qué enfrentan?

Todos están acusados de conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. Las penas van de 40 años de cárcel como mínimo a cadena perpetua. Es la misma fiscalía —el Distrito Sur de Nueva York— y el mismo tipo de cargos que llevaron a la condena de Genaro García Luna en febrero de 2024.

De los diez acusados, al menos tres tienen fuero en México (Rocha como gobernador, Gámez como alcalde, Inzunza como senador). No hay solicitud formal de extradición... por ahora. Pero el indictment está sellado, los cargos son públicos, y la pregunta queda flotando:

¿Investigará México a sus propios funcionarios, o esperará a que lo haga Estados Unidos?