Los jornaleros que alimentan a México: lo que avanzó, lo que falta y el destajo que nunca se va

La señora Herlinda sale de la galera antes de las cinco de la mañana. Tiene 47 años, nació en un ejido de la Montaña de Guerrero y hace nueve temporadas que viaja con su marido y sus dos hijos menores a San Quintín, Baja California, a la pizca de fresa, jitomate y chile. Le pagan por destajo: el surco terminado, la caja llena. En un buen día junta alrededor de 320 pesos. En un mal día, menos. No tiene contrato por escrito, no tiene seguro médico que cubra a su familia, no tiene prestaciones de ley, y hasta 2021 no tenía siquiera un salario mínimo profesional que obligara al patrón a pagarle una base.

Herlinda es una entre casi tres millones de trabajadores agrícolas que cada año mantienen en marcha las exportaciones de hortalizas y frutas que colocan a México como proveedor estratégico del mercado estadounidense de alimentos frescos. Una fracción del crecimiento exportador mexicano —9 mil millones de dólares en 2024 solo en jitomate, aguacate y berries— descansa sobre cuerpos como el suyo.

Lo que avanzó desde 2021

Durante décadas no existió una cifra pública que dijera cuánto tenía que pagarse, como mínimo, a un jornalero. El Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) creó en diciembre de 2021 el salario mínimo profesional del jornalero agrícola. Desde entonces la cifra subió cada año. Para 2026 quedó en 315.19 pesos diarios en el resto del país y 419.88 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte, un incremento de 12% respecto a 2025 y de más del 100% acumulado respecto a los niveles previos a la creación del mínimo profesional. Es un cambio material: por primera vez en la historia reciente, un patrón agrícola que pague por debajo de esa cifra puede ser sancionado por la Secretaría del Trabajo.

En febrero de 2026, se aprobó además la reforma constitucional a la jornada laboral: 40 horas máximo por semana, con implementación gradual, y beneficios específicos para cerca de 200 mil trabajadores agrícolas que entrarán al esquema de registro obligatorio de horas en 2027. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) opera también el Certificado Agrícola de Exportación, un mecanismo que busca formalizar laboralmente a esos mismos 200 mil jornaleros, darles acceso a seguridad social y ligarlos por ley a los derechos básicos que la Ley Federal del Trabajo reconoce a cualquier otro empleado.

Son avances que hace diez años habrían sido considerados imposibles. El reconocimiento es necesario. Sin salario mínimo profesional no hay piso; sin jornada máxima reglamentada no hay límite; sin formalización no hay IMSS. Las tres piezas avanzaron en este sexenio.

Lo que no avanzó: el campo real

Las cifras oficiales conviven con una realidad documentada por La Jornada y por organizaciones civiles que siguen el tema desde hace años. Según el reporte de La Jornada del 31 de marzo de 2026, en el valle agrícola de San Quintín nueve de cada diez trabajadores agrícolas siguen sin seguridad social, es decir, sin estar registrados ante el IMSS. La informalidad en el campo de exportación no se resolvió con el salario mínimo profesional ni con la jornada de 40 horas, porque el problema nunca fue la ausencia de normas: fue la ausencia de voluntad institucional para fiscalizarlas.

El pago por destajo sigue siendo la norma en las grandes compañías exportadoras, pese a que la Ley Federal del Trabajo lo acota. Las galeras donde duermen familias enteras siguen teniendo condiciones que ninguna norma sanitaria aprobaría si se inspeccionara. El trabajo de menores —prohibido por ley federal— sigue documentándose en surcos de jitomate de Sinaloa y Sonora por periodistas independientes y por organizaciones como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Los traslados en camiones sin condiciones básicas de seguridad se cobran vidas cada temporada, sin que exista registro federal público de esos decesos.

La distancia entre la reforma en la Ciudad de México y la realidad en el surco es la distancia clásica del Estado mexicano: se legisla bien, se supervisa poco.

La distancia entre la reforma en la Ciudad de México y la realidad en el surco es la distancia clásica del Estado mexicano: se legisla bien, se supervisa poco.

Tres pendientes que decidirán el siguiente capítulo

Lo que viene para los jornaleros entre 2026 y 2027 se juega en tres frentes concretos:

• La inspección laboral en campo. El salario mínimo profesional existe desde 2021 y la informalidad sigue en 90% en regiones clave. Sin inspectores del trabajo que crucen físicamente los surcos de Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán, la norma seguirá en el Diario Oficial y fuera de la mesa de Herlinda.
• La implementación del Certificado Agrícola de Exportación. La STPS anunció formalización para 200 mil jornaleros, pero la mecánica de registro, la obligatoriedad real para las grandes empresas y las sanciones por incumplimiento aún se están afinando.
• La jornada de 40 horas aplicada en campo. Las excepciones y los plazos de implementación son terreno fértil para que la agroindustria negocie esquemas paralelos. Los acuerdos técnicos que publique la STPS en 2027 marcarán si la reforma protege o simula protección.

En el campo mexicano no hay neutralidad posible: cada tomate cosechado, cada chile cortado, cada caja de fresa empacada carga el peso de una decisión política. Durante treinta años esa decisión fue priorizar el costo exportable sobre el cuerpo de quien lo recolecta. En los últimos cinco años esa decisión empezó a moverse en otra dirección, con resultados mixtos que conviene mirar sin propaganda y sin cinismo. La recolección ideológica de ambos lados del debate pierde lo único que importa: si Herlinda, mañana a las cinco, va a salir de la galera con un contrato por escrito o sin él.