Sheinbaum abre la puerta al fracking: soberanía energética con el subsuelo como moneda de cambio
La presidenta creó un comité científico para evaluar la extracción de gas no convencional. El discurso es de soberanía; el riesgo, de repetir la historia que prometió no repetir.
En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador firmó un compromiso público: México no recurriría al fracking. Siete años después, su sucesora y heredera política acaba de crear un comité científico para evaluar exactamente eso. La pregunta ya no es si México extraerá gas de lutitas. La pregunta es a qué costo — y quién lo pagará.
El giro: de la prohibición al "análisis técnico"
El miércoles 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde Palacio Nacional la integración de un grupo interdisciplinario con investigadores de la UNAM, el IPN, la UAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su encomienda: evaluar en dos meses si existen técnicas de fracturación hidráulica con "bajo impacto ambiental y componentes biodegradables" que permitan explotar los yacimientos de gas no convencional del noreste mexicano.
El lenguaje es quirúrgico. No se dice "fracking"; se dice "técnicas de estimulación de yacimientos no convencionales". No se dice "explotar"; se dice "analizar la viabilidad". Pero detrás de la asepsia semántica, el fondo es uno solo: México está considerando romper la fractura del subsuelo para extraer gas atrapado en roca, la misma técnica que en Estados Unidos contaminó acuíferos en Pensilvania, provocó sismos inducidos en Oklahoma y convirtió comunidades rurales de Texas en zonas de sacrificio.
¿Por qué ahora?
La respuesta tiene un número: 75 por ciento. Esa es la proporción del gas natural que México importa de Estados Unidos. En un contexto donde la relación bilateral se ha tensado por aranceles, por el T-MEC en revisión y por la retórica de Washington contra la política energética mexicana, depender de un solo proveedor para tres cuartas partes de tu combustible estratégico no es soberanía — es vulnerabilidad disfrazada de comercio.
Sheinbaum lo planteó así: "No podemos seguir comprando a quien nos pone condiciones. Necesitamos opciones propias." La lógica es impecable si se mira solo desde la geopolítica. Pero la energía no se extrae en el vacío. Se extrae del territorio de alguien.
Lo que el comité no dice: las cuencas de Burgos y Sabinas
Los yacimientos de gas de lutitas más prometedores de México se concentran en las cuencas de Burgos y Sabinas, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Son regiones semiáridas donde el agua ya es un recurso en disputa. La fracturación hidráulica consume entre 8 y 15 millones de litros de agua por pozo. En una zona donde los ejidatarios pelean cada concesión con CONAGUA, inyectar millones de litros al subsuelo para fracturar roca no es solo una decisión técnica — es una decisión sobre quién tiene derecho al agua.
Tamaulipas lleva tres años en decreto de emergencia hídrica. Nuevo León vivió en 2022 una crisis que dejó a Monterrey sin agua durante semanas. ¿Con qué agua se hará fracking "sustentable"?
La promesa rota que nadie nombra
En febrero de 2019, López Obrador declaró: "No vamos a utilizar el método de fracking. No se va a permitir." Lo dijo en mañanera, lo reiteró en giras, lo convirtió en bandera. Su gobierno nunca lo plasmó en ley — la prohibición quedó como compromiso político, no como norma jurídica — y esa omisión es la que hoy permite a Sheinbaum abrir la puerta sin necesidad de reformar nada.
El mecanismo es conocido: lo que no se legisló, se puede revertir con un cambio de discurso. De "no al fracking" a "fracking sustentable" hay un adjetivo de distancia. Pero en el subsuelo, la fractura es la misma.
La consulta que falta
Sheinbaum prometió que "no se hará nada contra la población" y que se abrirán procesos de consulta comunitaria. La historia reciente de las consultas en megaproyectos — el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la termoeléctrica de Huexca — sugiere que el formato importa tanto como la intención. Una consulta diseñada desde arriba, con pregunta cerrada y plazo corto, no es participación ciudadana: es legitimación de una decisión ya tomada.
Las comunidades de la cuenca de Burgos no han sido notificadas. Los ejidos de Sabinas no tienen representación en el comité científico. Los 17 académicos que lo integran son especialistas en geología, ingeniería y química. Ninguno es especialista en derechos comunitarios. Ninguno vive en la zona de extracción.
Soberanía de quién, para quién
La soberanía energética es un principio legítimo. México no debería depender de la voluntad de un solo proveedor extranjero para calentar sus hogares y mover su industria. Pero la soberanía también se mide hacia adentro: ¿quién decide qué se hace con el territorio? ¿Los 17 científicos del comité, o los miles de familias que viven sobre el gas?
Si el comité concluye que el fracking es viable, la extracción la operará Pemex — o empresas contratadas por Pemex. Los beneficios se contarán en barriles equivalentes y en reducción de importaciones. Los costos se contarán en litros de agua contaminada, en microsismos que cuartean casas de adobe, en enfermedades respiratorias que nadie medirá porque las clínicas rurales no tienen toxicólogo.
Sheinbaum tiene razón en un punto: México necesita dejar de comprarle gas a quien le pone aranceles. Pero la respuesta no puede ser fracturar el subsuelo de las comunidades más vulnerables del norte sin que esas comunidades tengan voz real — no consultiva, no informativa — en la decisión.
El quetzal no canta cuando le fracturan el nido.