Empresas deben $12 mil millones por agua que extrajeron mientras comunidades se secan
CONAGUA exhibió que refresqueras, embotelladoras y políticos acumularon deudas millonarias por sobreexplotar concesiones de agua. Una sola refresquera debe $234 millones. Mientras tanto, 42 de 61 acuíferos en Chihuahua presentan déficit y México está obligado a entregar 431 millones de metros cúbicos anuales a Estados Unidos.
$12,000,000,000 — Eso es lo que empresas deben a CONAGUA por agua que extrajeron de forma irregular. Doce mil millones de pesos. Mientras tanto, comunidades rurales en el norte del país racionan el agua para sobrevivir.
El saqueo que CONAGUA finalmente exhibió
El 23 de marzo de 2026, el director de CONAGUA, Efraín Morales López, presentó ante la presidenta Claudia Sheinbaum un diagnóstico devastador: refresqueras, embotelladoras y políticos han hecho negocio privado con un recurso público a través de concesiones de agua.
Los hallazgos no son menores:
- Una sola refresquera acumula un adeudo presunto de $234 millones de pesos por sobreexplotar 18 títulos de concesión.
- Esa empresa extrajo 2.8 millones de metros cúbicos de agua sin pagar — equivalente al consumo anual de una ciudad de 40,000 habitantes.
- Tiene 42 concesiones sin medidor. Es decir: extrae agua sin que nadie mida cuánta.
- En total, CONAGUA realizó más de 7,000 inspecciones y ordenó 1,000 clausuras.
CONAGUA no reveló el nombre de la refresquera porque el procedimiento sigue abierto, pero indicó que la empresa realizó un pago de 52 millones de pesos y se acercó a regularizar su situación.
La Nueva Ley de Aguas: el fin de los privilegios (en teoría)
Junto al diagnóstico, Sheinbaum presentó la Nueva Ley de Aguas que introduce un cambio estructural: prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares. Hasta ahora, una concesión de agua podía comprarse, venderse o heredarse como si fuera un bien privado. Eso se acabó — al menos en papel.
La ley también establece multas más severas y mecanismos de fiscalización. Pero el reto es la implementación: con miles de concesiones activas y un historial de opacidad, la pregunta es si CONAGUA tiene la capacidad operativa para hacer cumplir la ley.
Chihuahua: 42 de 61 acuíferos en déficit
Mientras las empresas extraen sin medidor, el estado de Chihuahua enfrenta una crisis hídrica estructural. De los 61 acuíferos que tiene el estado, 42 presentan déficit — se extrae más agua de la que la lluvia repone de forma natural.
Aunque 2026 trajo mejoras respecto a la sequía de 2025 (el 78.2% del territorio estatal está libre de afectación directa), los municipios de Ojinaga y Manuel Benavides siguen en sequía extrema y excepcional, respectivamente.
A nivel nacional, el 20.1% del territorio sigue afectado por algún grado de sequía según el Monitor de Sequía de CONAGUA.
El agua que México le debe a Estados Unidos
Como si la presión interna no fuera suficiente, México tiene un compromiso internacional: el Tratado de Aguas de 1944 obliga al país a entregar al menos 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año a Estados Unidos a través del río Bravo.
En febrero de 2026, ambos gobiernos formalizaron un plan técnico con reuniones mensuales de seguimiento. Pero el Congreso de Chihuahua aprobó un exhorto pidiendo que no se entregue agua mientras persista la sequía.
La tensión es clara: el agua del río Bravo sale de las presas que abastecen a Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Y ahora, congresistas estadounidenses piden integrar el tratado de aguas al T-MEC, lo que le daría a Washington más herramientas de presión.
¿Quién se queda sin agua?
La respuesta, como siempre, es predecible: mientras las refresqueras extraen millones de metros cúbicos sin medidor y sin pagar, y el gobierno federal cumple compromisos internacionales, las comunidades rurales e indígenas del norte — particularmente en la Sierra Tarahumara — son las que racionan cada litro.
Los $12 mil millones que deben las empresas son un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es un sistema de concesiones que durante décadas trató el agua como mercancía y no como derecho. La Nueva Ley de Aguas promete cambiar eso. Pero las promesas, en México, se miden en resultados — no en discursos matutinos.