El agua que extraen las embotelladoras en zonas con sequía: cuánto sacan, cuánto pagan, cuánto cuesta abajo
El Registro Público de Derechos de Agua otorga concesiones a embotelladoras transnacionales en regiones con estrés hídrico. Mientras pagan tarifas oficiales por metro cúbico, las comunidades vecinas compran agua a precios de mercado por pipa.
El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) que opera la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es público. Cualquier persona puede consultar quién tiene concesión, cuántos metros cúbicos puede extraer al año, dónde está el aprovechamiento y cuándo vence el título. Lo que el registro no dice es lo que cuesta esa misma agua, en otra forma, para la familia que vive a pocos kilómetros de la planta.
En el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, donde Bonafont (Danone) operó durante años una planta embotelladora —cerrada en 2021 tras toma comunitaria—, la concesión vigente al momento del cierre permitía extraer del orden de 1.4 millones de metros cúbicos al año. El cobro federal por aprovechamiento de aguas nacionales en zona de disponibilidad media se ubica en torno a los 2.50 pesos por metro cúbico, según el cuadro tarifario de la Ley Federal de Derechos. El mismo metro cúbico, comprado a una pipa por una familia rural sin acceso a red potable, ronda los 300 pesos.
| Quién consume | Vía | Costo por metro cúbico |
|---|---|---|
| Embotelladora con concesión federal | REPDA · CONAGUA | ≈ $2.50 MXN |
| Familia sin red potable | Pipa privada | ≈ $300 MXN |
| Diferencia aproximada | — | 120× más cara |
Cómo se construye la asimetría
El esquema legal mexicano de concesiones de agua se diseñó en los noventa con la lógica de garantizar inversión privada en infraestructura hidráulica y agroindustrial. La concesión se otorga por un volumen anual fijo y se renueva mediante trámite administrativo, pago de derechos y cumplimiento de obligaciones técnicas. La discusión ambiental y social del entorno donde se extrae rara vez forma parte del análisis.
El resultado documentable es una asimetría persistente. En zonas declaradas con disponibilidad limitada por la propia CONAGUA —Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas— hay concesiones vigentes a embotelladoras que reportan extracciones anuales que exceden lo que consume el municipio entero al que pertenecen. Las comunidades que rodean las plantas son, en muchos casos, las mismas que organizan jornadas de tandeo, compran pipas o caminan kilómetros por agua.
La discusión que sigue pendiente
La Ley General de Aguas que el Congreso debate desde 2012 lleva más de diez años sin aprobarse. La iniciativa más reciente —presentada en marzo de 2024 por la Semarnat— propone limitar la concesión a empresas embotelladoras en zonas de estrés hídrico, fortalecer los organismos operadores municipales y reconocer el derecho humano al agua como prioritario sobre cualquier uso comercial. La pieza no avanza por presión de cámaras industriales que ven en la regulación una amenaza a la inversión.
La ecuación que el lector tiene que sostener mientras se resuelve la legislación es la siguiente: un metro cúbico que la federación cobra en pesos con dos decimales termina costando, dos kilómetros más allá, en la casa de quien no tiene tubería, doscientas veces más. La diferencia es el precio social de cada concesión.