El Poder Judicial bajó sus sueldos 35%. La pregunta que sigue es otra
La reforma judicial redujo 35% el ingreso neto de los ministros de la SCJN, eliminó prestaciones millonarias y fijó el tope del salario presidencial. Es un avance documentable. Pero un ministro sigue ganando 14 veces más que un trabajador con salario mínimo. La pregunta estructural sigue abierta.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue durante décadas el símbolo más visible del privilegio institucional en México. Un ministro ganaba más de 206 mil pesos netos mensuales en 2023, cobraba bonos de permanencia, seguro de gastos médicos mayores que cubría a familiares directos, seguro de separación individualizado, estímulo por antigüedad, apoyo de alimentos y medicinas, y telefonía celular pagada con cargo al erario. El pleno se renovaba por designación presidencial con aprobación del Senado, y los sueldos se ajustaban internamente sin intervención ciudadana. Ese modelo cayó en septiembre de 2024 con la reforma judicial aprobada por el Congreso, promovida desde el Ejecutivo como parte de la agenda de austeridad republicana.
A poco más de un año de la reforma y siete meses después de que los nuevos ministros tomaran protesta, los datos permiten una lectura con dos caras: la austeridad avanzó en términos documentables, y la desigualdad estructural entre quien administra justicia y quien vive bajo esa justicia sigue intacta.
Lo que bajó: el tope constitucional se aplicó
La reforma fijó que ningún servidor público puede ganar más que el titular de la Presidencia de la República. El sueldo neto estimado de Claudia Sheinbaum para 2026 es de 133,332.97 pesos mensuales, según el portal Nómina Transparente. Los nuevos ministros de la SCJN acataron ese tope: cobran 134 mil pesos netos al mes, una reducción del 35% respecto a los 206 mil pesos que percibían los integrantes del pleno anterior.
Sueldo neto mensual: antes y después de la reforma
Pesos mexicanos, comparado con el salario mínimo generalAdemás del recorte al ingreso neto, la reforma eliminó las prestaciones que históricamente habían operado como sueldo paralelo. Un ministro del régimen anterior podía duplicar su ingreso efectivo sumando seguros, estímulos y bonos. En 2026 esa arquitectura se desmontó.
| Concepto | Régimen anterior | Régimen 2026 |
|---|---|---|
| Sueldo neto mensual | ≈ $206,000 | $134,000 |
| Seguro de Gastos Médicos Mayores privado | Sí, familia incluida | Eliminado |
| Seguro de Separación Individualizado | Sí | Eliminado |
| Estímulo por antigüedad | Sí | Eliminado |
| Apoyo de alimentos y medicinas | Sí | Eliminado |
| Telefonía celular oficial | Sí | Eliminado |
| Pensión vitalicia post-cargo | Sí | Eliminado |
En términos numéricos, el logro es real: un servidor público de la cúspide del Poder Judicial hoy cobra una tercera parte menos y conserva menos privilegios. Para el periodismo progresista esto es un dato verificable que no se puede relativizar: la SCJN dejó de ser el baluarte de la casta política en materia salarial.
Lo que no bajó: la brecha con la clase trabajadora
La reforma resolvió un problema dentro del poder público, no el problema estructural entre el poder público y quienes viven fuera de él. El salario mínimo general de 2026 se ubica en 315.04 pesos diarios —unos 9,451 pesos mensuales si se trabajan 30 días seguidos—, según el acuerdo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). Con esos números, un ministro sigue ganando alrededor de 14 veces lo que gana un trabajador con salario mínimo. La proporción en el régimen anterior era de 22 veces; la reducción es significativa, pero la brecha sigue siendo una de las más altas del aparato público federal.
El dato importa por dos razones. Primera, porque la retórica de la reforma fue que el Poder Judicial iba a dejar de ser el bastión del privilegio. Si por bastión se entiende "funcionarios con ingresos atados al desempeño fiscal como cualquier otro servidor público", la reforma cumplió. Si por bastión se entiende "un espacio del Estado que represente salarialmente a la población a la que sirve", la reforma no ha llegado ahí. Seguir diciendo que ya cerramos el capítulo del privilegio judicial con una brecha de 14 a 1 es una celebración prematura.
Segunda, porque la escala importa en términos de legitimidad. Las resoluciones de la SCJN afectan directamente a quienes ganan nueve mil pesos al mes: amparos en materia laboral, pensiones alimenticias, conflictos con patrones, procesos de alta contra agroindustrias, arbitrajes ante plataformas digitales. Un ministerio compuesto por personas cuyo ingreso es 14 veces superior al de la mayoría de los litigantes sigue siendo, en la práctica, un órgano al que la clase trabajadora tiene que entrar pidiendo traducción.
La reforma resolvió un problema dentro del poder público. No resolvió el problema estructural entre el poder público y quienes viven fuera de él.
El pendiente de transparencia
Un contrapunto que los análisis pro-reforma han pasado por alto: en enero de 2026, la SCJN retiró de su portal la sección pública que detallaba desglose de sueldos y prestaciones del personal jurisdiccional, según reportó el portal Político.mx. La información sigue disponible a través de solicitudes de transparencia, pero dejó de estar a un clic de distancia para cualquier ciudadano. Esa decisión —tomada por el propio pleno electo— va en sentido contrario al espíritu de la reforma que le dio origen.
La primera regla de un Poder Judicial austero y cercano al pueblo es que el pueblo pueda verificar fácilmente cuánto ganan quienes lo administran. La transparencia no fue un logro del modelo anterior; empieza a ser un pendiente del modelo nuevo.
Lo que vamos a seguir mirando
- La reinstalación de prestaciones por la puerta trasera. Estímulos, bonos, seguros contratados desde dependencias distintas — el mecanismo clásico cuando el tope nominal aprieta.
- El comportamiento del sueldo en las salas regionales del Tribunal Electoral y en el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí se concentra buena parte del presupuesto del Poder Judicial no cubierto por los medios.
- La restitución de la transparencia pública de sueldos. Sin datos a un clic, la fiscalización civil se vuelve lenta y selectiva.
- La calidad de las resoluciones del pleno nuevo. La prueba final no es el sueldo: es si la justicia que llega a la clase trabajadora mejoró. Eso se mide en expedientes, no en nóminas.