Huachicol fiscal: detienen en Argentina al contralmirante líder de «Los Primos», sobrino del ex secretario de Marina
Fernando Farías Laguna, contralmirante retirado y sobrino político del ex secretario de Marina de AMLO, fue detenido en Buenos Aires con pasaporte falso. Lideraba una red que desvió 23 mil millones de pesos en combustible ilegal desde puertos de la Marina.
Un contralmirante prófugo, un pasaporte falso y 23 mil millones de pesos
El 23 de abril de 2026, autoridades argentinas detuvieron en Buenos Aires a Fernando Farías Laguna, contralmirante retirado de la Secretaría de Marina de México. Llevaba semanas prófugo. Entró a Argentina el 1 de abril con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos. Fue localizado gracias a una ficha roja de Interpol y a la coordinación entre la FGR, la Secretaría de Seguridad (SSPC), la Marina y el gobierno argentino.
Farías Laguna no es cualquier militar retirado. Es sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y es señalado como líder de «Los Primos», la red de huachicol fiscal más grande que ha operado en México en las últimas décadas.
¿Qué es el huachicol fiscal?
A diferencia del huachicol tradicional —la ordeña física de ductos de Pemex—, el huachicol fiscal es un esquema de contrabando sofisticado que opera desde las aduanas marítimas. Consiste en importar combustible de Estados Unidos declarándolo como otro producto (aditivos, lubricantes) para evadir el pago de impuestos. Se usan pedimentos clonados, fracciones arancelarias falsas y empresas fantasma para mover miles de millones de pesos sin que el SAT detecte la diferencia.
Es, en esencia, un fraude que necesita cómplices en la Marina (para controlar los puertos), en Aduanas (para dejar pasar la mercancía) y en el SAT (para no fiscalizar las factureras). Sin estructura institucional, no funciona.
La red de «Los Primos»: los números
La investigación que llevó a la detención de Farías Laguna revela una operación criminal de proporciones extraordinarias. «Los Primos» operaban en los puertos de Manzanillo, Tampico y Altamira. En los últimos dos años, facilitaron la descarga de 31 buques procedentes de Estados Unidos con millones de litros de combustible de contrabando.
En marzo de 2025, las autoridades decomisaron un megabuque con 10 millones de litros de huachicol en el puerto de Tampico. Ese decomiso detonó la investigación que destapó una red que movió al menos 23 mil millones de pesos en combustible ilegal. Para dimensionar: eso equivale a cuatro veces la Estafa Maestra y casi el doble del desfalco de Segalmex.
El elefante en la sala: el ex secretario de Marina
Aquí es donde la historia se pone incómoda para todos.
Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto Farías Laguna son sobrinos políticos del almirante Ojeda Durán. Los dos hermanos usaron sus posiciones dentro de la Marina para facilitar las operaciones de contrabando. La pregunta obvia: ¿el secretario de Marina no sabía que sus propios sobrinos operaban una red de huachicol desde los puertos que él controlaba?
Hay un dato que agrava la sospecha. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar denunció internamente la red de huachicol fiscal e informó directamente al secretario Ojeda Durán. La denuncia no prosperó. No hubo investigación interna. No hubo consecuencias. Los sobrinos siguieron operando.
En febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum declaró en conferencia matutina que «no hay línea de investigación contra el ex secretario de Marina». La declaración generó críticas de organizaciones anticorrupción y de la oposición, que señalaron una posible protección política al aparato militar heredado de la 4T.
Las factureras: el otro brazo del fraude
El huachicol fiscal no vive solo del contrabando de combustible. Necesita un ecosistema de empresas fantasma para lavar el dinero y simular operaciones legales. En 2026, el SAT ha intensificado la persecución de estas empresas, incluyendo a 141 contribuyentes en su lista negra por emitir comprobantes fiscales que respaldan operaciones inexistentes.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Marlaya SA de CV, una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que defraudó 29 mil millones de pesos —casi el doble que «Los Primos»—. Y el de Julia Mendoza Cruz, cuya oficina operaba literalmente frente a las oficinas del SAT en Tlalnepantla, acumulando un desfalco de más de 3 mil millones de pesos.
El patrón es claro: el huachicol fiscal es un problema sistémico que atraviesa gobiernos, partidos y niveles de gobierno. No es exclusivo de un sexenio ni de un color político.
Las preguntas que no se están haciendo
Para el gobierno actual: Si no hay línea de investigación contra Ojeda Durán, ¿cómo se explica que sus sobrinos operaran una red de 23 mil millones de pesos desde los puertos de la Marina sin que el secretario se enterara? ¿La denuncia interna del contralmirante Guerrero Alcantar fue ignorada deliberadamente?
Para la oposición: El huachicol fiscal operó también durante gobiernos anteriores. ¿Cuántas de las factureras actualmente en lista negra del SAT fueron creadas durante administraciones panistas o priistas? ¿Por qué ningún gobierno anterior desmanteló la red?
Para la sociedad: 23 mil millones de pesos es lo que cuesta construir 46 hospitales del IMSS-Bienestar. Es el presupuesto anual completo de programas de becas para 2.3 millones de estudiantes. Cada litro de huachicol fiscal que entra a México es un litro de presupuesto público que desaparece.
La detención de Farías Laguna en Buenos Aires es un paso importante. Pero un contralmirante prófugo con pasaporte falso no opera solo. La red necesita cómplices en cada nivel del Estado. Y mientras Sheinbaum descarte investigar hacia arriba, la pregunta seguirá flotando: ¿quién más sabía?