La CIA operó en Chihuahua disfrazada de policía: ¿quién le abrió la puerta?

El accidente que destapó una operación clandestina

El domingo 19 de abril de 2026, una camioneta se despeñó por un barranco en la Sierra Tarahumara, municipio de Morelos, Chihuahua. Dentro iban cuatro personas: dos agentes de la Fiscalía General del Estado y dos estadounidenses. Los cuatro murieron. Lo que parecía un accidente de tránsito en una de las zonas más inaccesibles de México se convirtió, en cuestión de horas, en una crisis diplomática que ha puesto al descubierto una red de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano.

Los estadounidenses fallecidos —Richard Latel Johnson, de 36 años, y John Duty Black, de 44— no eran empleados administrativos de la embajada, como se dijo inicialmente. Eran agentes de la CIA adscritos a la Dirección de Operaciones, con base en Monterrey, Nuevo León. Sus cuerpos fueron entregados al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Regresaban de un operativo contra seis narcolaboratorios de drogas sintéticas en la sierra. Vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua. Portaban pasamontañas. A todos los efectos prácticos, se hacían pasar por policías mexicanos.

No eran dos: eran cuatro. Y no era la primera vez

El periodista Luis Chaparro, a través de su espacio Pie de Nota, reveló que en el operativo no participaron dos, sino cuatro agentes de la CIA. Los otros dos —identificados solo como «Jason» y «Mike»— sobrevivieron al accidente. Chaparro documentó que estos agentes formaban parte de un grupo de más de diez operativos que, desde al menos enero de 2026, habían llegado a Ciudad Juárez y participado en más de una docena de operaciones en el estado.

El Los Angeles Times confirmó lo que la información de Chaparro sugería: la operación del 19 de abril fue al menos la tercera intervención de la CIA en Chihuahua durante 2026. No fue un incidente aislado. Fue un programa.

Según las fuentes de Chaparro, los agentes de la CIA solicitaban directamente acompañamiento a los mandos regionales del Ejército para cada operación, coordinándose a través de una Oficina de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Chihuahua. Cada movimiento era autorizado desde un centro de inteligencia en El Paso, Texas.

Sheinbaum: «No teníamos conocimiento»

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 21 de abril que el gobierno federal no fue informado de la colaboración entre agencias estadounidenses y el gobierno de Chihuahua. «No teníamos conocimiento de que hubiera trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos», afirmó en conferencia matutina.

Sheinbaum calificó el asunto como «un tema de soberanía nacional» y recordó que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe expresamente que gobiernos estatales realicen operaciones conjuntas con agencias extranjeras sin autorización federal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue enfático: «Nunca ha habido agentes extranjeros participando físicamente en un operativo federal».

El gobierno envió una nota diplomática formal al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, exigiendo explicaciones. Se anunció que se analizan posibles sanciones contra el gobierno estatal de Chihuahua.

Casa Blanca: «Un poco de empatía»

La respuesta de Washington escaló la tensión. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: «Creo que el presidente estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo».

Donald Trump fue más lejos. En entrevista con Fox News, afirmó: «México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza».

La declaración de Trump no es solo retórica electoral. Es el marco ideológico que justifica operaciones como la de Chihuahua: si México «está perdido», entonces la CIA tiene carta abierta para operar en su territorio. La condescendencia de la Casa Blanca —pedir «empatía» a un país cuya soberanía fue violada— revela una concepción imperial de la relación bilateral que debería alarmar a cualquier mexicano, independientemente de su filiación política.

Maru Campos: la gobernadora que abrió la puerta

María Eugenia Campos Galván, gobernadora panista de Chihuahua, solicitó una reunión con Sheinbaum y aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba al tanto de las operaciones. El gobierno federal lo niega.

Pero la pregunta central no es si Sedena sabía o no. La pregunta es: ¿por qué una gobernadora estatal autorizó —o permitió— que agentes de inteligencia extranjeros operaran en su territorio disfrazados de policías locales, sin informar al gobierno federal, durante al menos cuatro meses?

Para entender la respuesta, hay que mirar el historial de Maru Campos.

En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló en audiencia que el ex gobernador priista César Duarte sobornó a Campos con 10 millones de pesos como parte de un esquema de cohecho conocido como la «nómina secreta». Campos fue vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020, pero fue exonerada un día antes de tomar posesión como gobernadora en septiembre de 2021. El fiscal estatal César Jáuregui —el mismo que ahora debe comparecer ante el Senado por el caso de la CIA— calificó la acusación de la FGR como «propaganda».

El patrón es revelador: una gobernadora acusada de recibir sobornos del aparato de corrupción de Duarte, exonerada por un fiscal que ella misma nombró, ahora facilita operaciones de inteligencia extranjera sin controles federales. La debilidad institucional que genera la corrupción no es solo un problema de dinero público robado: es un problema de soberanía. Cuando el estado está cooptado, cualquiera puede entrar.

El Senado toma cartas

El 22 de abril, las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado aprobaron, con 15 votos a favor y uno en contra, citar a la gobernadora Campos y al fiscal Jáuregui para comparecer el 28 de abril a las 11:00 horas.

El senador Javier Corral —ex gobernador panista de Chihuahua y ahora legislador por Morena— acusó a Campos de intentar ocultar la infiltración de agentes estadounidenses en operativos de la fiscalía estatal.

La comparecencia del 28 de abril será un momento definitorio. No solo para el caso específico de la CIA en Chihuahua, sino para el precedente que sienta: ¿puede un gobierno estatal operar con agencias de inteligencia extranjeras a espaldas del gobierno federal? ¿Qué pasa cuando lo hace una gobernadora con un historial documentado de corrupción?

Las preguntas que nadie está haciendo

El debate público se ha polarizado entre dos narrativas: la de Morena, que explota el ángulo de soberanía para desgastar al PAN, y la del PAN, que intenta minimizar la gravedad del asunto. Ambas son insuficientes.

Hay preguntas que trascienden la coyuntura partidista:

Para el gobierno de Chihuahua: Si la colaboración con la CIA era legítima y con conocimiento de Sedena, ¿por qué los agentes vestían uniformes de la AEI con pasamontañas? ¿Por qué se coordinaban desde El Paso y no desde la Ciudad de México? ¿Por qué llevaban cuatro meses operando sin que existiera un acuerdo formal?

Para el gobierno federal: ¿Cómo es posible que más de diez agentes de la CIA operen desde Ciudad Juárez durante cuatro meses, participen en más de una docena de operativos, y la inteligencia federal no lo detecte? Si las Fuerzas Armadas tienen el control territorial que presumen, ¿dónde estaban?

Para la sociedad: ¿Estamos dispuestos a aceptar que estados gobernados por cualquier partido operen como franquicias de seguridad de agencias extranjeras? ¿Qué sigue después de la CIA: ¿la DEA con uniformes de tránsito? ¿el Pentágono con credenciales de la Guardia Nacional?

El accidente en la Sierra Tarahumara no mató solo a cuatro personas. Mató también la ficción de que México tiene control sobre quién opera en su territorio. Y esa es una verdad que incomoda por igual a quienes gobiernan Chihuahua y a quienes gobiernan México.