La CIA operó en Chihuahua disfrazada de policía: ¿quién le abrió la puerta?
Cuatro agentes de la CIA operaron durante meses en Chihuahua con uniformes de la policía estatal, sin autorización federal. La gobernadora Maru Campos —acusada de recibir sobornos de César Duarte— debe explicar al Senado por qué permitió que una agencia extranjera actuara en su territorio.
El accidente que destapó una operación clandestina
El domingo 19 de abril de 2026, una camioneta se despeñó por un barranco en la Sierra Tarahumara, municipio de Morelos, Chihuahua. Dentro iban cuatro personas: dos agentes de la Fiscalía General del Estado y dos estadounidenses. Los cuatro murieron. Lo que parecía un accidente de tránsito en una de las zonas más inaccesibles de México se convirtió, en cuestión de horas, en una crisis diplomática que ha puesto al descubierto una red de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano.
Los estadounidenses fallecidos —Richard Latel Johnson, de 36 años, y John Duty Black, de 44— no eran empleados administrativos de la embajada, como se dijo inicialmente. Eran agentes de la CIA adscritos a la Dirección de Operaciones, con base en Monterrey, Nuevo León. Sus cuerpos fueron entregados al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Regresaban de un operativo contra seis narcolaboratorios de drogas sintéticas en la sierra. Vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua. Portaban pasamontañas. A todos los efectos prácticos, se hacían pasar por policías mexicanos.
No eran dos: eran cuatro. Y no era la primera vez
El periodista Luis Chaparro, a través de su espacio Pie de Nota, reveló que en el operativo no participaron dos, sino cuatro agentes de la CIA. Los otros dos —identificados solo como «Jason» y «Mike»— sobrevivieron al accidente. Chaparro documentó que estos agentes formaban parte de un grupo de más de diez operativos que, desde al menos enero de 2026, habían llegado a Ciudad Juárez y participado en más de una docena de operaciones en el estado.
El Los Angeles Times confirmó lo que la información de Chaparro sugería: la operación del 19 de abril fue al menos la tercera intervención de la CIA en Chihuahua durante 2026. No fue un incidente aislado. Fue un programa.
Según las fuentes de Chaparro, los agentes de la CIA solicitaban directamente acompañamiento a los mandos regionales del Ejército para cada operación, coordinándose a través de una Oficina de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Chihuahua. Cada movimiento era autorizado desde un centro de inteligencia en El Paso, Texas.
Sheinbaum: «No teníamos conocimiento»
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 21 de abril que el gobierno federal no fue informado de la colaboración entre agencias estadounidenses y el gobierno de Chihuahua. «No teníamos conocimiento de que hubiera trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos», afirmó en conferencia matutina.
Sheinbaum calificó el asunto como «un tema de soberanía nacional» y recordó que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe expresamente que gobiernos estatales realicen operaciones conjuntas con agencias extranjeras sin autorización federal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue enfático: «Nunca ha habido agentes extranjeros participando físicamente en un operativo federal».
El gobierno envió una nota diplomática formal al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, exigiendo explicaciones. Se anunció que se analizan posibles sanciones contra el gobierno estatal de Chihuahua.
Casa Blanca: «Un poco de empatía»
La respuesta de Washington escaló la tensión. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: «Creo que el presidente estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo».
Donald Trump fue más lejos. En entrevista con Fox News, afirmó: «México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza».
La declaración de Trump no es solo retórica electoral. Es el marco ideológico que justifica operaciones como la de Chihuahua: si México «está perdido», entonces la CIA tiene carta abierta para operar en su territorio. La condescendencia de la Casa Blanca —pedir «empatía» a un país cuya soberanía fue violada— revela una concepción imperial de la relación bilateral que debería alarmar a cualquier mexicano, independientemente de su filiación política.
Maru Campos: la gobernadora que abrió la puerta
María Eugenia Campos Galván, gobernadora panista de Chihuahua, solicitó una reunión con Sheinbaum y aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba al tanto de las operaciones. El gobierno federal lo niega.
Pero la pregunta central no es si Sedena sabía o no. La pregunta es: ¿por qué una gobernadora estatal autorizó —o permitió— que agentes de inteligencia extranjeros operaran en su territorio disfrazados de policías locales, sin informar al gobierno federal, durante al menos cuatro meses?
Para entender la respuesta, hay que mirar el historial de Maru Campos.
En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló en audiencia que el ex gobernador priista César Duarte sobornó a Campos con 10 millones de pesos como parte de un esquema de cohecho conocido como la «nómina secreta». Campos fue vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020, pero fue exonerada un día antes de tomar posesión como gobernadora en septiembre de 2021. El fiscal estatal César Jáuregui —el mismo que ahora debe comparecer ante el Senado por el caso de la CIA— calificó la acusación de la FGR como «propaganda».
El patrón es revelador: una gobernadora acusada de recibir sobornos del aparato de corrupción de Duarte, exonerada por un fiscal que ella misma nombró, ahora facilita operaciones de inteligencia extranjera sin controles federales. La debilidad institucional que genera la corrupción no es solo un problema de dinero público robado: es un problema de soberanía. Cuando el estado está cooptado, cualquiera puede entrar.
El Senado toma cartas
El 22 de abril, las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado aprobaron, con 15 votos a favor y uno en contra, citar a la gobernadora Campos y al fiscal Jáuregui para comparecer el 28 de abril a las 11:00 horas.
El senador Javier Corral —ex gobernador panista de Chihuahua y ahora legislador por Morena— acusó a Campos de intentar ocultar la infiltración de agentes estadounidenses en operativos de la fiscalía estatal.
La comparecencia del 28 de abril será un momento definitorio. No solo para el caso específico de la CIA en Chihuahua, sino para el precedente que sienta: ¿puede un gobierno estatal operar con agencias de inteligencia extranjeras a espaldas del gobierno federal? ¿Qué pasa cuando lo hace una gobernadora con un historial documentado de corrupción?
Actualización septiembre 2026: la FGR mantiene abierta la investigación y la gobernadora sigue sin comparecer
Cinco meses y una semana después del accidente en la Sierra Tarahumara, el caso no se cerró ni se resolvió: se administró. El 19 de septiembre de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora María Eugenia Campos Galván se reunieron en el Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, la primera vez que se ven desde abril, y acordaron canalizar los asuntos políticos por la Secretaría de Gobernación y los de seguridad por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dos días después, en la mañanera del 21 de septiembre, Sheinbaum precisó lo que le dijo en esa reunión: «Sobre el tema de elementos de una agencia estadounidense, le planteé que la FGR tiene su investigación». La coordinación se restableció; la responsabilidad sigue sin deslindarse.
Caso CIA en Chihuahua: qué ha pasado desde el accidente. Corte al 25 de septiembre de 2026.| Fecha | Qué ocurrió | Estatus hoy | Fuente |
|---|---|---|---|
| 19 abr 2026 | Una camioneta se despeña en el municipio de Morelos al regresar de un operativo contra un presunto laboratorio de drogas. Mueren cuatro personas: dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua | Hecho confirmado | La Silla Rota, 22 sep 2026; Verificado, 2026 |
| 19 abr 2026 | De los cuatro agentes de la CIA que participaron, dos mueren en el accidente y dos sobreviven | Los dos sobrevivientes salieron de México | La Silla Rota, 22 sep 2026 |
| 27 abr 2026 | Renuncia César Jáuregui, fiscal general de Chihuahua, después de reconocer que conocía la colaboración con la agencia estadounidense | Sustituido en el cargo por Wendy Chávez (fuente única) | Proceso, 28 abr 2026; Verificado, 2026 |
| 28 abr 2026 | Las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado citan a la gobernadora. Ella declina: «le rendimos cuentas a nuestra gente y no al Senado» | No compareció; 150 días después sigue sin hacerlo | Proceso, 28 abr 2026 |
| 19 sep 2026 | Sheinbaum y Campos se reúnen en el Aeropuerto Internacional Abraham González, Ciudad Juárez, y acuerdan reforzar la coordinación por Segob y por la SSPC | Canal restablecido | Expansión Política, 19 sep 2026; La Silla Rota, 22 sep 2026 |
| 21 sep 2026 | Sheinbaum confirma en la mañanera que la FGR mantiene su investigación sobre la participación de personal extranjero en el operativo | Carpeta abierta, sin conclusión pública ni plazo | Tribuna, 21 sep 2026; La Silla Rota, 22 sep 2026 |
Hay que reconocer lo que sí avanzó: existe una investigación federal abierta, la presidenta ha sostenido en público que «si se cometió algún delito, tiene que investigarse» y el canal institucional entre el gobierno federal y el de Chihuahua volvió a funcionar después de cinco meses de ruptura. Eso es más de lo que hubo en abril. Pero ninguna de las tres cosas equivale a una respuesta: la investigación no tiene plazo, la reunión no produjo un solo dato nuevo sobre quién autorizó el operativo y la gobernadora no ha comparecido ante nadie que pueda preguntarle bajo protesta de decir verdad.
Discrepancia declarada. Expansión Política identifica a los dos funcionarios mexicanos fallecidos como Pedro Oseguera, director estatal de investigación, y Manuel Méndez, escolta, aunque en el mismo texto habla de «tres muertos» y enseguida enumera cuatro. Ninguna otra de las fuentes consultadas hoy publica esos nombres, así que la identificación queda atribuida a esa sola fuente y el conteo que sostienen dos fuentes independientes es el de cuatro fallecidos: dos estadounidenses y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua. La cifra de «más de diez agentes» y «más de una docena de operativos» sigue siendo la del reportaje original de Luis Chaparro y no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna autoridad.
Fuentes de esta actualización: Expansión Política, 19 de septiembre de 2026; Quadratín Chihuahua, 20 de septiembre de 2026; Tribuna, 21 de septiembre de 2026; La Silla Rota, 22 de septiembre de 2026; Verificado, «Maru Campos y la CIA en Chihuahua: claves del caso»; Proceso, 28 de abril de 2026. Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Las preguntas que nadie está haciendo
El debate público se ha polarizado entre dos narrativas: la de Morena, que explota el ángulo de soberanía para desgastar al PAN, y la del PAN, que intenta minimizar la gravedad del asunto. Ambas son insuficientes.
Hay preguntas que trascienden la coyuntura partidista:
Para el gobierno de Chihuahua: Si la colaboración con la CIA era legítima y con conocimiento de Sedena, ¿por qué los agentes vestían uniformes de la AEI con pasamontañas? ¿Por qué se coordinaban desde El Paso y no desde la Ciudad de México? ¿Por qué llevaban cuatro meses operando sin que existiera un acuerdo formal?
Para el gobierno federal: ¿Cómo es posible que más de diez agentes de la CIA operen desde Ciudad Juárez durante cuatro meses, participen en más de una docena de operativos, y la inteligencia federal no lo detecte? Si las Fuerzas Armadas tienen el control territorial que presumen, ¿dónde estaban?
Para la sociedad: ¿Estamos dispuestos a aceptar que estados gobernados por cualquier partido operen como franquicias de seguridad de agencias extranjeras? ¿Qué sigue después de la CIA: ¿la DEA con uniformes de tránsito? ¿el Pentágono con credenciales de la Guardia Nacional?
El accidente en la Sierra Tarahumara no mató solo a cuatro personas. Mató también la ficción de que México tiene control sobre quién opera en su territorio. Y esa es una verdad que incomoda por igual a quienes gobiernan Chihuahua y a quienes gobiernan México.
Las preguntas que María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, aún no responde:
- ¿Qué funcionario de su gobierno autorizó que cuatro agentes de una agencia de inteligencia extranjera operaran con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, y con qué fundamento legal, si a 159 días del accidente del 19 de abril no existe un solo documento público que lo sustente?
- Su fiscal general, César Jáuregui, renunció el 27 de abril tras reconocer que conocía la colaboración. ¿Por qué no ha explicado usted lo que él sí reconoció, y por qué declinó el citatorio del Senado del 28 de abril con el argumento de que «le rendimos cuentas a nuestra gente y no al Senado», si han pasado 150 días sin que esa rendición de cuentas ocurra en ningún otro foro?
- La FGR mantiene abierta su investigación, según confirmó la presidenta el 21 de septiembre. ¿Su gobierno ha entregado a esa carpeta las bitácoras de los operativos, las órdenes de la Oficina de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y la lista completa de los operativos en los que participó personal extranjero desde enero de 2026?
Lectura relacionada. Que una agencia de Estados Unidos opere en territorio mexicano con anuencia local no es nuevo: el 5 de octubre de 1968 la Casa Blanca ya recibía un memorándum con su propio conteo de muertos en Tlatelolco. Las cifras documentadas de esa noche, de los 20 muertos de la versión oficial a los 325 de The Guardian, están en Memorial de Tlatelolco, de Rosario Castellanos, con la tabla de las cifras documentadas del 2 de octubre de 1968.