40 desapariciones por día con Sheinbaum: 22 madres buscadoras asesinadas, 8 en este sexenio

El sábado 9 de mayo, un día antes del Día de la Madre, asesinaron a Patricia Acosta Rangel y a su hija Katia Citlalli Jáuregui en Salamanca, Guanajuato. Eran buscadoras. Salieron a marchar 24 horas después en al menos siete estados. Esa noche, sus compañeras colocaron fichas de búsqueda alrededor del Estadio Azteca con una sola frase: "México campeón en desapariciones".

La presidenta Claudia Sheinbaum no las recibió. Tampoco hubo represión. La marcha caminó por Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia con una pancarta que resume el sexenio: "En el Día de las Madres nuestros hijos no están y los verdugos siguen libres organizando mundiales".

Esto es lo que sucedió y lo que no se dice: la cifra de desaparecidos llegó a 133,879 personas al 9 de mayo, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En el primer año del gobierno de Sheinbaum desaparecieron 14,765 personas — 40 cada día, 1.6 cada hora. Es 16% más que el último año de Andrés Manuel López Obrador. Y mientras los números crecen, las madres que los buscan se mueren: 22 buscadoras asesinadas en 15 años. Ocho de ellas en este sexenio. El doble homicidio del 9 de mayo en Salamanca no se discutió en la conferencia matutina. La marcha tampoco.

Lo que dicen los números oficiales

Hay dos cifras de desaparecidos en México, y la diferencia entre ellas es política. La que usaron las madres buscadoras ayer es la del Registro Nacional al 9 de mayo: 133,879 personas no localizadas. La que prefiere usar el gobierno federal es 132,534, resultado de una "revisión" anunciada en marzo de 2026 que reclasificó 46,742 casos como "sin datos suficientes". Las organizaciones la cuestionan: A dónde van los desaparecidos y Pie de Página la han llamado depuración sin fundamento legal.

Sobre 394,645 reportes históricos, 262,111 personas han sido localizadas. Pero el universo invisible que aparece debajo es el que verdaderamente mide la crisis: más de 72,000 restos humanos sin identificar en custodia forense del país, y al menos 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos óseos, según el informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas publicado en abril de 2026. Esos números no entran al RNPDNO porque no se han logrado identificar. Son personas que están — pero México no sabe quiénes son.

El Estado de México encabeza el registro con más de 14,700 casos activos en los primeros meses de 2026. Le siguen Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. El patrón es claro: las cuatro entidades concentran la mitad de las desapariciones del país, y en ninguna de ellas hay un caso emblemático con sentencia condenatoria firme.

Lo que no se cumplió

El sexenio empezó con una negación. En octubre de 2024, recién instalado el gobierno, Claudia Sheinbaum declaró que las madres buscadoras "nunca le habían pedido reunión". La afirmación era falsa y se documentó en video: Cecilia Patricia "Ceci" Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, había pedido audiencia pública desde el primer día. La entonces secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, terminó abandonando la mesa de diálogo a la una de la tarde, antes de que las víctimas pudieran ser escuchadas, según consignaron Pie de Página y A dónde van los desaparecidos.

El presupuesto contó la otra parte de la historia. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) — la oficina responsable de coordinar las búsquedas en campo, mantener el RNPDNO y articular a las comisiones estatales — perdió 16.2% de su presupuesto real en 2025. Pasó de $295.2 millones en 2024 a $247.4 millones. En el proyecto 2026 sube a $325.6 millones, un aumento nominal del 5%, pero todavía por debajo de los $355 millones que tenía en 2019 y de los $330 millones de 2023. Los subsidios a las comisiones locales — que son las que tienen contacto cotidiano con las familias — bajan 0.7% en 2026. La cifra la calcula Fundar, organización que audita el gasto público en derechos humanos.

Mientras el presupuesto baja, la responsabilidad sube. El 31 de agosto de 2025, Teresa Reyes Sahagún renunció a la titularidad de la CNB tras un año y diez meses en el cargo, presionada por colectivos que la acusaban de inacción. Su lugar lo tomó Martha Lidia Pérez Gumercindo, abogada veracruzana que antes fue Fiscal Especializada en Delitos de Desaparición Forzada en la propia FGR. Lleva ocho meses en el puesto. No ha presentado un plan operativo público de búsquedas para 2026.

La Fiscal General y el problema con la palabra "generalizada"

La otra cara de la rendición de cuentas es la procuración de justicia. El 17 de abril de 2026, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos — electa por el Senado en diciembre de 2025 — presentó el Plan Estratégico de la FGR 2026-2029. Anunció tres delitos prioritarios: desaparición forzada, extorsión y feminicidio. La promesa textual: "Nunca más una fiscalía opaca con una burocracia dorada".

En la misma comparecencia, Godoy declaró que "no hay práctica generalizada de desaparición forzada" en México. La frase indignó a los colectivos. Y lo hizo por una razón aritmética: solo dos semanas antes, el 2 de abril, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) había pedido al Secretario General que remitiera el caso de México a la Asamblea General. La conclusión del Comité fue que existen "indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad". Y aportó un dato que la Fiscal General prefiere no citar: el 37% de todos los nuevos casos globales que llegaron al Comité en el último ciclo son mexicanos.

La respuesta del gobierno mexicano al Comité fue calificar el informe de "tendencioso y falto de rigor". La CNDH se sumó al repudio. Mientras tanto, en marzo de 2026, la CIDH otorgó medidas cautelares a un adolescente de iniciales J.J.A.S. y a Juan José Arias Corona, detenidos por Guardia Nacional y Ejército en Valle de Santiago, Guanajuato. La FGR no ha informado públicamente qué carpeta abrió contra los elementos federales involucrados.

"Detener la barbarie." — Consigna de la 14ª Marcha de la Dignidad Nacional, CDMX, 10 de mayo de 2026.

Quién paga la cuenta: las madres

La aritmética más cruda no es la de los desaparecidos. Es la de quienes los buscan. En 15 años, han sido asesinadas 22 buscadoras, según el conteo de la Fundación para la Justicia. Quince de ellas eran madres de personas desaparecidas. Las otras siete eran hermanas, hijas, esposas. Ocho de esos asesinatos ocurrieron en el sexenio de Claudia Sheinbaum — es decir, en los primeros 19 meses. Artículo 19 documentó además que hay seis buscadoras desaparecidas en el mismo periodo. Amnistía Internacional contó al menos siete asesinatos solo en 2025.

Los nombres de las buscadoras asesinadas se acumulan más rápido de lo que avanzan las investigaciones. María del Carmen Morales — 24 de abril de 2025, Jalisco. Teresa González Murillo — 2 de abril de 2025, Jalisco. Rubí Patricia Gómez Tagle — marzo de 2026, durante una visita presidencial a Sinaloa. Teresa Magueyal — 2 de mayo de 2023, Celaya. Lorenza Cano — desaparecida en enero de 2024, Guanajuato. Y el sábado pasado, Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui, madre e hija, asesinadas a balazos sobre una motocicleta en la colonia 18 de Marzo de Salamanca. Buscaban a Miguel Ángel Jáuregui, hijo y hermano, desaparecido el 8 de febrero de 2024 y hallado en marzo de 2025 en una fosa clandestina del paraje La Ordeña. Pese al hallazgo, ambas siguieron activas apoyando otras búsquedas. El doble homicidio fue 24 horas antes de la marcha.

El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el 5 de marzo de 2025, sigue siendo el caso emblemático del sexenio. Un colectivo —Guerreros Buscadores de Jalisco— encontró aproximadamente 200 pares de zapatos, tres crematorios artesanales, restos humanos calcinados y más de 1,500 objetos personales. El CJNG operó el sitio desde 2012. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, negó que se tratara de un campo de exterminio. Las organizaciones que documentaron el sitio dicen que sí lo era. Más de un año después, no hay sentencia contra ningún operador identificado.

Lo que cambió y lo que no

Lo que cambió: ahora la Fiscal General sí menciona la desaparición forzada como prioridad en su plan estratégico. Lo que no cambió: el ritmo. Hubo 13,627 desapariciones en 2024, el peor año de la serie histórica. La proyección con base en el primer año de Sheinbaum apunta a que 2025 cerrará por encima — el dato oficial completo se publicará en julio. La impunidad real sigue arriba del 98%. Y el presupuesto de la oficina que coordina las búsquedas todavía no recupera el nivel real de 2019.

Lo que también cambió: el discurso institucional. El gobierno federal pasó de afirmar que las desapariciones eran "herencia del pasado" a negar que sean una práctica generalizada. La ONU concluyó lo contrario. La CIDH también. Las madres buscadoras tampoco fueron consultadas para esa conclusión oficial.

Las preguntas que la Fiscal General Ernestina Godoy aún no responde:

1. El 17 de abril de 2026 anunció que la FGR irá tras la desaparición forzada como prioridad del Plan 2026-2029. ¿Cuántas carpetas de investigación por desaparición forzada ha judicializado la FGR entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2026, y cuántas terminaron en sentencia condenatoria?
2. Si afirma que "no hay práctica generalizada de desaparición forzada", ¿cómo explica que el Comité ONU contra Desapariciones Forzadas concluyera el 2 de abril que existen indicios fundados de que en México se cometen como crímenes de lesa humanidad, y que el 37% de los nuevos casos globales del Comité sean mexicanos?
3. La CIDH otorgó medidas cautelares el 9 de marzo de 2026 a Juan José Arias Corona y su hijo adolescente J.J.A.S., detenidos en un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército en Valle de Santiago. ¿Qué carpeta abrió la FGR contra los elementos federales involucrados y en qué etapa procesal está hoy?

Las preguntas que la titular de la CNB Martha Lidia Pérez Gumercindo aún no responde:

1. Con un presupuesto federal de $325.6 millones en 2026 — todavía por debajo de los $355 millones de 2019 —, ¿cuántas búsquedas en campo coordinó la CNB entre el 1 de enero y el 9 de mayo, y cuántas personas se localizaron con vida en ese periodo?
2. El Comité ONU documentó más de 72,000 restos sin identificar en custodia forense. ¿Cuál es la meta concreta de identificaciones a la que se compromete la CNB en 2026, y cuántas se han concretado al 9 de mayo?
3. Patricia Acosta y Katia Citlalli Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas el 9 de mayo de 2026 — un día antes de la marcha. Con ocho buscadoras asesinadas y seis desaparecidas desde octubre de 2024, ¿cuántas integrantes de colectivos están actualmente bajo el Mecanismo de Protección, y qué protocolo activó la CNB tras el doble homicidio?

Metodología. Esta nota se construyó con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al 9 de mayo de 2026, el informe del Comité ONU contra Desapariciones Forzadas (OHCHR, 2 abril 2026), el análisis presupuestal de Fundar, el reportaje de A dónde van los desaparecidos sobre el primer año de Sheinbaum (oct 2025), las cifras de Amnistía Internacional (abril 2026), el conteo de buscadoras asesinadas de la Fundación para la Justicia (mayo 2026) y la cobertura del 10 de mayo en La Jornada, Proceso e Infobae. La cifra exacta de asistentes a la marcha en CDMX no fue reportada con precisión por ninguna fuente: los medios consignaron "cientos" en la capital y "miles" a nivel nacional. Pluma de Quetzal no estima cifras que no aparezcan en fuentes verificables.